En Colombia hay conmoción tras el atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La situación ha generado una alarma, no solo por el acto violento en sí, sino por las repercusiones políticas. Este hecho le acaba de dar un impulso a la derecha para avivar su discurso de odio contra Petro y para promover la idea de que el país necesita una mano dura contra los promotores de violencia. El atentado es un triste recordatorio de las épocas nefastas de asesinatos de candidatos, matanzas de líderes políticos y el estado de desasosiego que marcó a Colombia en las décadas de los ochentas y noventas.
El problema es que la población padece una especie de amnesia selectiva con respecto a la violencia. Es verdad que se recuerdan los crímenes de los grades líderes como Luis Carlos Galán y Álvaro Gómez Hurtado. Pero, ¿quién recuerda los asesinatos de los líderes de la Unión Patriótica? ¿A quién le importan los miles de desplazados, desaparecidos y víctimas de las masacres perpetradas por los paramilitares y legitimadas por la política de Seguridad Democrática impulsada por Uribe?
Este atentado contra un líder del Centro Democrático le da un impulso rotundo a los sectores conservadores fortaleciendo la idea de que solo quienes defienden un modelo tradicional de las instituciones, llámense “familia, patria y propiedad”, tienen la capacidad de gobernar. Se afianza así el mito de que la estabilidad solo es posible a través del formato que ha perdurado por dos siglos de jerarquías sociales y de un status quo inamovible. La racionalidad es que la izquierda tuvo la oportunidad de cambiar las estructuras y de darle un giro a los problemas endémicos de desigualdad y falta de oportunidades a las poblaciones marginadas, pero esto no se ha logrado. Pone en evidencia la idea de que la estrategia del cambio y de “la Paz total” no es viable en un país como Colombia. La gente prefiere mantener las segregaciones sociales, las jerarquías feudales, los conceptos de “líderes y subalternos” que han marcado a la nación desde sus inicios, como salvaguarda de las instituciones y de una apariencia de "estabilidad" que garantiza una falsa seguridad social.
En medio del dolor que hoy embarga al país por el atentado de un líder político, surgen sentimientos encontrados. Miguel Uribe es miembro del Clan Turbay, una familia duramente golpeada por la violencia política en personas que no lo merecían. Es un político joven con un futuro promisorio. Es hijo de Diana Turbay, la figura política asesinada por el Cartel de Medellín. Su imagen recuerda a tantos otros que cayeron en circunstancias parecidas: en una plaza pública, en medio de un discurso político, víctimas de sicarios que solo son instrumentos de odios y mezquindades. Crímenes, que quedarán impunes como la mayoría de actos violentos del acontecer nacional.
