Por Elvira Sánchez-Blake
Hace aproximadamente diez años comenzaron a surgir rumores sobre ejecuciones
extrajudiciales por parte del Ejército colombiano. Se ha comprobado que más de 2,500 jóvenes
inocentes fueron eliminados y reportados como guerrilleros muertos en combate.
Esta práctica conocida como falsos positivos pagaba incentivos y otorgaba
estímulos como promociones y ascensos a
los militares por presentar resultados en la lucha contra la
subversión. Actualmente se reconoce como una de las acciones más funestas de la
administración de la época con secuelas lamentables en la sociedad. Las investigaciones en contra de los
oficiales implicados han dado cuenta de los horrores cometidos. Aunque se han
procesado a algunos oficiales, la gran mayoría de los implicados, especialmente
los altos mandos que ordenaron las ejecuciones, permanecen en la impunidad.
Resulta increíble pensar que estas ejecuciones
están retornando al escenario colombiano por el mismo Ejército, con la misma
impunidad y amparadas por el actual gobierno, que no es más que una continuidad
del mismo que fungió en la primera década del dos mil. Esta información fue
difundida primero por el New York Times el 18 de mayo pasado. La denuncia realizada por el reportero Nicholas Casey en un diario de la
magnitud de NYT provocó escándalo y controversia. Por supuesto, el gobierno y
sus aliados (Ma. Fernanda Cabal con su acusación en contra del
reportero del NYT, a quien acusó de recibir pago de las FARC), y los militares,
se rasgaron las vestiduras en defensa de la democracia y de la integridad de las instituciones. El reportaje también generó turbulencia en
los medios, especialmente en la Revista Semana
con el despido del columnista Daniel Coronell, por haber revelado el mal manejo
de la revista con respecto a esta información. Felizmente, Coronell fue reincorporado y la revista publicó un extenso reportaje que tituló "Operación Silencio" con toda la información relativa al caso en su edición del 23 de junio
pasado.
Lo que Semana reveló resulta muy preocupante: la existencia de directrices
por parte de la alta cúpula militar para duplicar resultados de bajas de subversivos. Dichas
órdenes habrían sido emitidas por el Comandante del Ejército, general Nicacio
Martínez. Al ser interrogado por la
Revista Semana, este último se
revistió de dignidad y furor patriótico para replicar que todas las acusaciones emitidas son
calumnias. Llama la atención que el vocablo más repetido en todas sus
respuestas fue falso, falso, y falso. Suena tan falso como los falsos positivos
que no tienen nada de falso ni de positivo y en cambio, mucho de cierto y de negativo. Incluso, se atrevió a
argumentar que “el Código Penal no contempla dentro de sus delitos penales alguno
denominado como ejecución extrajudicial o falso positivo”. No quedó claro si esta era una justificación para demostrar que las ejecuciones de este tipo no son un delito.
Las declaraciones de Martínez recuerdan
las réplicas de autoridades castrenses desde el siglo pasado empeñadas en negar la
realidad visible: “en este pueblo no ha pasado nada, ni está pasando nada, ni
pasará nunca. Este es un pueblo feliz”.
Pareciera una línea sacada del realismo mágico, o quizás lo
es, porque lo que reproduce la literatura es un espejo de la realidad. En todo caso las respuestas de este ilustre oficial fueron tan
insulsas y mostraron tal desfachatez que no merecen sino escarnio y repudio
total.
El retorno de los mal llamados “falsos positivos”,
que en realidad son “ciertos negativos” porque niegan el derecho a la vida de
manera certera a jóvenes inocentes, coincide con la campaña contra los
líderes sociales que ocurre
día a día amparados por las autoridades locales, regionales, militares y
administrativas a lo largo y ancho del
país. Pese a las denuncias de la ONU, Amnistía Internacional y más recientemente, del director de Human Rights Watch, José Miguel
Vivanco, sobre pruebas fehacientes de esta persecución, la lista de asesinatos va
en más de 300 desde el 2016. Da la impresión de que estas dos
acciones se unen bajo el mismo lente. Es decir que los objetivos de
masacrar a los líderes sociales y duplicar resultados militares están amparados por los mismos sujetos. ¿Qué tipo de autoridad va a impedir los crímenes de líderes sociales y
defensores de derechos humanos si ellos son los mismos que aparecen en las
listas de los militares? Vale reconocer que estas informaciones se conocieron gracias a la denuncia de valientes oficiales que se negaron a cumplir las órdenes y que todavía permiten confiar en la integridad de la institución castrense. Lo deplorable del asunto es que estos oficiales también están siendo amenazados como lo reveló Semana en la misma edición.
Por fortuna, hay sectores que están haciendo un esfuerzo por defender a los líderes sociales por medio de plantones, comunicados, redes sociales y encuentros, en los que se busca crear conciencia sobre lo que está pasando. En días pasados se celebró un encuentro propiciado por la Comisión de Esclarecimiento de
los Líderes Sociales. Gonzalo Sánchez dio a conocer un acertado resumen de las discusiones, en las que destaca los factores que prevalecen en la campaña contra
defensores de derechos humanos:
1.
La primera es que
esta campaña es de larga duración que trasciende gobiernos. Se trata de una
crisis estructural de democracia y de participación. Un déficit de democracia
que se expresa en exclusiones y muertes, y que solo se resuelve, arguyeron
muchos, con cambios de fondo en las estructuras participativas del Estado.
2.
El segundo es que es
un tema inherente al régimen político: la criminalización de la protesta sirvió
por décadas para justificar toda forma de arbitrariedad como el hostigamiento
judicial o peor aún con el asesinato de simples disidentes.
3.
El tercero, el
heterogéneo universo de las víctimas:
líderes sociales, de derechos humanos, ambientalistas, erradicadores de
coca y desmovilizados excombatientes. Todo ellos amparado de una palpable
tolerancia social, política y a menudo, institucional, de los crímenes[1].
Estos factores ayudan a comprender que estas persecuciones hacen parte de una estrategia sistemática que aqueja al país en sus cimientos. Según Gonzalo
Sánchez, “la criminalidad organizada es
el aparato más coercitivo dominante de cada vez más territorios, que por
negligencia o convivencia, el aparato
estatal, no ha podido o querido desvertebrar.” Esto explica el retorno de los falsos positivos y el clima de incertidumbre al que estamos abocados de nuevo. Yo diría que más desafortunado es "la palpable tolerancia social, política e institucional". Esto se refleja en la ceguera inexcusable de un gran sector de los colombianos que viven
en desconocimiento, ignorancia y apatía ante las fuerzas que
siguen manteniendo al país en un estado de violencia generalizada y de completa
impunidad.
Casey, Nicholas. “Colombian Army’s New Kill
Orders Send Chill Down Ranks”. The New
York Times. May 18, 2019. https://www.nytimes.com/2019/05/18/world/americas/colombian-army-killings.html
Sánchez, Gonzalo. “Líderes sociales: el
vidrio roto de la paz”. Revista Semana. Junio 18, 1019. https://www.semana.com/opinion/articulo/lideres-sociales-el-vidrio-roto-de-la-paz/620195.
Revista
Semana. “Operación silencio”. Edición, 23 de junio, 2019. https://www.semana.com/nacion/articulo/operacion-silencio-amenazas-y-presiones-sobre-los-militares-que-hablan-de-falsos-positivos-en-la-jep/620661
Vivanco, José Miguel. "Human Rights Watch cuestiona datos sobre baja de crímenes de líderes sociales en Colombia". Sputnik. Junio, 15, 2019.
https://sptnkne.ws/mEsQ
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