Un fallo histórico

Esta semana se dio a conocer un fallo histórico en la justicia colombiana: la sentencia de culpabilidad contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de manipulación de testigos, específicamente, por fraude procesal y soborno en actuación penal. La condena a doce años de prisión domiciliaria generó conmoción a nivel nacional e internacional. Los detractores del expresidente expresaron júbilo, mientras sus seguidores manifestaron inconformidad en tonos que revelan la gran polarización que atraviesa Colombia.

Los trinos y reacciones de parte y parte no se hicieron esperar. Los hijos del expresidente lanzaron mensajes inflamatorios desde la cuenta X, cuestionando la legitimidad del expediente condenatorio. Por su parte, el presidente Gustavo Petro encendió los ánimos con un trino demoledor: "El hacendado, heredero legítimo del feudal español, termina en años que son de descanso y amor y nietos, encarcelado en su propia hacienda." La senadora Ma. Fernanda Cabal escribió en su cuenta: "Mientras hay un guerrillero indultado en el poder, el presidente que nos salvó de la barbarie está condenado.” Tras conocerse la sentencia se convocaron protestas y manifestaciones de desagravio por parte del Centro Democrático, mientras que los sectores de izquierda  e independientes celebraron con euforia. 

Es como si el mundo se dividiera en dos. Los uribistas (o furibistas), defienden la gestión del exmandatario durante la época de la Seguridad Democrática, que, según ellos, frenó el terrorismo impuesto por la guerrilla sin reparar en los medios, bajo el argumento de que "en la guerra todo se vale". Por su parte, los antiuribistas denuncian precisamente esos medios: alianzas y creación de frentes paramilitares, masacres y homicidios, la Operación Orión, los "falsos positivos", la persecución sistemática de opositores  a través de interceptaciones ilegales ejecutadas por el DAS, y otra larga lista de fechorías. Muchos consideran que Uribe fue condenado por el más leve de todos sus delitos. Recordemos que el expresidente Uribe Vélez tiene actualmente más de 28 procesos abiertos en la Corte Suprema de Justicia y más de 180 denuncias en la Comisión de Acusaciones por conformación de grupos paramilitares.

La polarización entre esos sectores ha creado un cisma profundo equiparable al que dividió al país a mitad de siglo XX entre conservadores y liberales, y que generó la época de La violencia. Familias divididas, medios de comunicación,  gremios económicos y partidos políticos se alinean en favor o en contra en torno a la figura de Uribe y a lo que él representa.  En especial, muchos actores políticos sacan provecho para fomentar los odios y rencores en beneficio propio. 

 El caso es que como lo señala Gimena Sánchez-Garzoli, directora de WOLA para los Andes, "este fallo podría intensificar o, potencialmente, reducir las tensiones políticas actuales y servirá como una prueba de fuego para medir la independencia y fortaleza del sistema judicial colombiano." 

También será una prueba de fuego para medir la civilidad de un país tan polarizado así como la idoneidad de las fuerzas del orden ante un clima de odios exacerbados y discursos incendiarios que se han desatado tras la decisión judicial.  En las redes sociales las reacciones de todos los lados han desembocado en una lucha de insultos, ofensas y descargas que rayan en la insensatez. 

La defensa del expresidente presentará un recurso de apelación ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá bajo una serie de artilugios legales con el fin de dilatar el proceso hasta alcanzar la fecha en que vencen los términos y prescribe el caso, en octubre del 2025.  Aun, en el remoto caso de que la sentencia se mantenga, resulta evidente que que el acusado no cumpliría una pena, ya que la cárcel domiciliaria en su finca paradisiaca de Rionegro (Antioquia) no es ningún castigo.  

Lo más probable es que la condena nunca se materialice. Personajes como Uribe y como Trump (también setenciado), nunca cumplen condenas ni pagan por sus crímenes porque están dotados de una aureola de impunidad y una coraza de invulnerabilidad que los convierte en semidioses de la injusticia. 

 

 

 

Las locas de La Escombrera

Las buscadoras de la Comuna 13 (foto El Espectador)

 ¡No estamos locas!, ¡No estamos locas! gritaban las madres de las víctimas que se hicieron presentes ante el hallazgo de los primeros restos humanos en La Escombrera tras más de 20 años de búsqueda y reclamo de justicia por los horrendos hechos ocurridos en la Comuna 13 en el 2002. El grito de las mujeres adquiere relevancia porque al igual que las madres de la Plaza de Mayo en Argentina, las Arpilleras de Chile, las Dignas de El Salvador, las Madres de Soacha, en Colombia,  los victimarios han acusado de "locas" a las mujeres que se atreven a denunciar los horrores cometidos por un Estado asesino.

Los hechos de La Escombrera tuvieron lugar entre el 2002 y el 2004. Uno de los actos más escabrosos fue la Operación Orión, un bombardeo militar sobre la Comuna 13 ocurrido el 16 de octubre del 2002 en el que participaron el Ejército, la Policía y grupos paramilitares bajo las órdenes del presidente de la época. Se sabía que los restos humanos de los bombardeos así como la desaparición forzada de numerosos víctimas estaban ocultos en La Escombrera, un lugar localizado en la cima de la montaña de la Comuna 13, y donde se desechan materiales de construcción. 

El hallazgo de dos estructuras oseas ocultas bajo capas de residuos sucedió el 16 de diciembre pasado después de más de dos décadas de búsqueda por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD).  En un reporte para el diario El Universal, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, dijo que el descubrimiento es apenas el comienzo y que la actitud negacionista de muchos de los involucrados ante la realidad es  “revictimizante".

Igual de revictimizante es la constante acusación a las madres de los desaparecidos de "locas", con el objetivo de descalificar su reclamo y sus certezas de que los restos de sus hijos se hallaban en La Escombrera. Hasta ahora se ha demostrado que sus sospechas eran fundadas y sus señalamientos a los culpables eran reales. 

En un pronunciamiento por parte de Las buscadoras de la Comuna 13 de Medellín, las madres, abuelas y familiares de las víctimas declararon: 

"Los más recientes hallazgos de osamentas en La Escombrera son, además de un avance significativo, una reafirmación de lo que nuestros testimonios y exigencias visibilizaron por décadas: la perpetración de crímenes de lesa humanidad, la responsabilidad del Estado colombiano en los hechos victimizantes, y la negligencia y negacionismo institucional como práctica violenta y revictimizante".

Y es que el hallazgo de los primeros restos humanos en la fosa de La Escombrera se deben al pulso y a la valentía de las madres, abuelas, esposas, hermanas, hermanos, hijas y familias buscadoras que por décadas han permanecido inamovibles en las consignas y exigencias al Estado. Fueron las mujeres, quienes hicieron posible impulsar desde el año 2018 las medidas cautelares adoptadas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP, con el propósito de proteger La Escombrera, en un intento por salvaguardar los derechos de las víctimas de desaparición forzada de la Comuna 13. Y fueron también las mujeres, quienes entre la incertidumbre y la paciencia, presenciaron las labores de prospección que definieron el polígono de intervención. Fueron  ellas mismas tras 22 años después de exponer las denuncias por los macabros hechos ocurridos en la Comuna 13, quienes vieron cumplido su propósito al inicio de la excavación con fines forenses en julio del 2024.

“Nos dijeron que estábamos locas”, cuentan algunas de las buscadoras. Pero, como la historia lo ha demostrado, la locura también es un arma y un mecanismo de resistencia que otorga fortaleza para revelar verdades ocultas. Su lucha era contra un estado que ha continuado negando y desvirtuando cualquier asomo de evidencias de los abusos cometidos por la administración de principios de los dos mil, en connivencia con las fuerzas armadas y los paramilitares. La lucha de las mujeres buscadoras era contra un gigante que perpetuó su conducta a través de sucesivas administraciones y regimenes negacionistas. Gracias a la tenacidad de estas mujeres, "la locura se sobrepuso a lo que administraciones, instituciones y funcionarios públicos se atrevieron a negar; entre expresiones y calificativos que pusieron en duda y en riesgo la salud física, mental y emocional de las personas buscadoras".  Así lo expresa el comunicado dado a conocer por El Espectador.

Una de las líderes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), Martha Soto, afirmó que las denuncias de las víctimas han puesto en evidencia la responsabilidad del Estado colombiano en estos crímenes.  Además hizo claro que la negligencia y el negacionismo institucional han impedido durante años esclarecer los hechos y castigar a los culpables. Hasta ahora nadie ha pagado por estos crímenes de lesa humanidad. 

Otra madre de una víctima  y representante del colectivo Mujeres Caminando por la Verdad, Luz Elena Galeano,  expresó:  “cada hallazgo es una prueba irrefutable de lo que siempre hemos sabido. Allí están los rastros de la barbarie que hemos sufrido a causa del conflicto”.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, destacó la tarea de las buscadoras. "Gracias a su labor incansable a lo largo de los años, han luchado incansablemente por esclarecer la suerte de las personas desaparecidas en la Comuna 13 y en todo el país". Hoy se hace evidente que tenían razón.  Todas estas mujeres hacen un llamado para que estos crímenes no permanezcan en la impunidad.

Estos testimonios reflejan que la labor de las mujeres en denunciar las injusticias y en buscar la verdad cumple una vez más su propósito. Estas madres no se intimidaron ante las amenazas de las autoridades ni se dejaron amdrentar por los apelativos de "locas" con que quisieron señalarlas durante años. Una vez más también se constata que en muchos de los casos más deplorables del conflicto armado en Colombia, el mayor responsable fue el Estado mismo. En este caso particular,  contó con el apoyo de los paramilitares y del temible grupo La Terraza, comandado por Diego Fernando Murillo, alias Don Berna.

Pese al profundo dolor por la desaparición de sus seres queridos, estas madres, abuelas, hijas y familiares, conservan la esperanza de que la verdad finalmente sea revelada y su dignidad restituida.

Fuentes:

El Universal: https://www.eluniversal.com.co/colombia/2024/12/26/la-escombrera-la-fosa-de-medellin-revela-la-verdad-tras-20-anos/

El Espectador: https://www.elespectador.com/justicia-inclusiva/la-escombrera-buscadoras-de-la-comuna-13-se-pronuncian-tras-22-anos-de-impunidad/

El retorno de Mancuso

 Por Elvira Sánchez-Blake

                                   El exparamilitar Salvatore Mancuso a su llegada a Bogotá (Foto AP).

El regreso del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso a Colombia plantea un desafío inquietante en este momento histórico. ¿Será posible aprovechar su aporte para descubrir los horrores del conflicto armado que siguen encubiertos y llevar a la justicia a los que dieron la orden?

Ya se sabe que las declaraciones de Mancuso son muy peligrosas para muchos estamentos que siguen involucrados en las altas esferas de la política, de la clase empresarial y de las fuerzas militares. Las revelaciones del excomandante ante la Jurisdicción Especial Para la Paz en mayo del 2023 señalaron a varias personalidades y develaron perversas  maquinaciones tras las bambalinas del poder. Con su retorno al país, tras cumplir 15 años de condena en EE UU por narcotráfico, se espera que sus testimonios ante los tribunales de Justicia transicional, tanto de la JEP, como de Justicia y Paz  sustenten sus señalamientos para esclarecer muchas verdades y para llevar a la justicia a los grandes perpetradores que aún siguen impunes.

Gracias al testimonio de Mancuso, se han encontrado los cementerios, hornos crematorios y las fosas comunes donde se ocultaron miles de cuerpos de desaparecidos en los lugares que él indicó en su testimonio ante la JEP. El exparamilitar señaló también a muchos implicados en los esquemas criminales. Se refirió concretamente al exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, y el rol que jugó en ordenar los asesinatos de numerosos líderes políticos y defensores de derechos humanos. También develó detalles sobre la planificación de las masacres de El Aro en 1996 y de la Granja en 1997, en las que tuvo una participación decisiva la gobernación de Antioquia de la época y oficiales de la Cuarta Brigada de Medellín. Asimismo, señaló a Francisco Santos como el cerebro detrás de la creación del Bloque Metro y confirmó que las Convivir servían como la fachada legal de la violencia paramilitar. Una de sus afirmaciones más incriminatorias fue  la incidencia que tuvieron las autodefensas en las elecciones presidenciales de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez, y en la reelección de este último.

Estas acusaciones han sido verificadas, pero muchos de los responsables siguen campantes. Esta es la oportunidad de definir sus culpabilidades con testimonios incontrovertibles.

El Centro de Memoria Histórica se prepara para revelar datos actualizados de las víctimas del conflicto armado en el mes de abril. El asesor de comunicaciones del Centro, Jorge Aguilera, anticipó que las investigaciones han confirmado aproximadamente 10,000 ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos), 100,000 desaparecidos y 9 millones del total de víctimas como resultado de la guerra interna. Estas cifras superan con creces las que había reportado el Centro de Memoria Histórica y el informe de la Comisión de la Verdad. La nueva actualización será presentada oficialmente el 9 de abril, una fecha designada para conmemorar a las víctimas.

Es cierto que muchos colombianos desearían que el capítulo de la guerra se cerrara de una vez por todas y no saber nada más sobre el asunto. Actualmente se percibe un hastío emocional. Los que esperaban que el gobierno del cambio transformara el país solo ven caos y decepción. Y los que se limitan a cerrar los ojos y oídos frente a la realidad de lo que pasó y sigue pasando en Colombia son los que perpetúan el culto por el expresidente “salvador” que los liberó de la guerrilla y ejerció mano firme cuando se necesitó, sin importar el número de masacres y de víctimas que pagaron el costo.

En ese clima político la llegada de Mancuso se perfila como la oportunidad de lograr un cierre frente a las preguntas que aún quedan sin resolver. El exparamilitar debe otorgar pruebas fehacientes de los vínculos de los grandes personajes de la clase política con las masacres, desapariciones y órdenes de ajusticiamiento que llevaron a cabo las Autodefensas Unidas de Colombia. El conocimiento de esta Verdad tal vez podrá cerrar por fin y para siempre las heridas que aun sangran en Colombia, como lo afirmó Yolanda Ruiz en su columna de El País.

En un comunicado dado a conocer a su llegada a Colombia, Mancuso aseguró que cumplirá con el deber de trabajar por las víctimas en las comunidades y en sus territorios. Dijo que su objetivo es ponerse "al servicio de una agenda de paz que permita evitar que Colombia sea una fábrica eterna de víctimas y de dolores colectivos”.  Por último, se definió a sí mismo como un agente de cambio “dispuesto a trabajar por la paz y reconciliación”.

Mancuso se ofreció a dialogar con los reductos de los bandos paramilitares que aun operan en el país: las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. En ambos casos cumplirá con su rol como negociador y gestor de paz que le otorgó el Presidente Petro. 

¿Podemos esperar que Mancuso cumpla sus promesas y su gestión como agente de paz? Es cierto que sobre él pesan 390 procesos judiciales pendientes y que su pasado criminal lo hace un sujeto poco fiable. Pero al menos, él ha pagado condena y ha confesado su responsabilidad como actor de la guerra. Hay muchos personajes que siguen ejerciendo su poder impunemente en las altas esferas de la política y que a la sazón, deben estar aterrorizados por las prontas revelaciones de su antiguo compinche y compañero de armas. 

¿Quién dio la orden? Mario y Elsa, 26 años de impunidad

 Por Elvira Sánchez-Blake

 

Mario y Elsa, ambientalistas del Cinep asesinados el 19 de mayo de 1997.

El 19 de mayo se cumplen 26 años de impunidad del crimen cometido contra Mario Calderón, Elsa Alvarado y de su padre, Carlos Alvarado. Este hecho que constituye uno de los miles de asesinatos contra personas que trabajaban por la defensa del medio ambiente, las causas sociales y las comunidades, cobra vigencia ante el testimonio del jefe exparamilitar, Salvatore Mancuso.

 

Las declaraciones de Mancuso ante la JEP, constatan un asunto gravísimo: la connivencia de la fuerza pública, empresarios  y Estado con los grupos paramilitares con el fin de eliminar  a todos aquellos que se opusieran a los intereses de estos grupos. El testimonio de Mancuso destaca que estas acciones se ejecutaban bajo la presunción de combatir a la guerrilla y de eliminar sus redes de apoyo, pero en realidad, el propósito iba dirigido a apropiarse de territorios estratégicos para controlar el mercado y las rutas del comercio de drogas.  El antiguo jefe de uno de los bloques más sanguinarios de las autodefensas ha revelado que sus operaciones fueron apoyadas con entrenamiento,  armamento, logística, tropas y financiación por parte de los gobiernos de turno y de compañías de gran envergadura del país.

 

El testimonio de Mancuso me permitió reconocer detalles precisos que hacen parte de la investigación que realicé para el libro Suma Paz: La utopía de Mario Calderón y Elsa Alvarado (Icono, 2001).  En particular, constaté que los guerrilleros del EPL se unieron a las Autodefensas como condición a su proceso de desmovilización. Eso explica por qué Don Berna, quien fuera guerrillero del EPL, trabajó bajo las órdenes de Carlos Castaño coordinando la ejecución del crimen a través de la banda de sicarios, La Terraza. Además, Mancuso afirmó que Tierralta, Córdoba, fue una zona estratégica de las operaciones de las AUC y reconoció que los Embera Katíos  fueron víctimas de una campaña de exterminio por oponerse al proyecto hidroeléctrico de Urrá.  Mario Calderón, gran defensor de estos grupos indígenas y de su derecho a ocupar las tierras que le pertenecían desde siempre, se oponía a la construcción de la represa, razón por la cual recibió amenazas y se vio obligado a huir de Tierralta tras el atroz asesinato de su compañero de parroquia, Sergio Restrepo Jaramillo en 1989.

Mancuso menciona que las organizaciones de derechos humanos generaron incomodidad al denunciar los crímenes de los paramilitares ante instancias internacionales. Esto confirma la teoría de que el Cinep fuera considerado como un objetivo militar y que el asesinato de Mario Calderón, uno de sus miembros más visibles, obró como una advertencia y represalia dirigida al Centro jesuita. Al referirse a la colaboración  de entidades gubernamentales como la fiscalía y el DAS, que brindaban inteligencia y apoyo a las acciones paramilitares, se comprende por qué los sicarios ejecutaron el crimen utilizando uniformes de la CIT de la Fiscalía. Un asunto en particular fue el destino del celular que uno de los sicarios olvidó en la portería del edificio tras cometer el crimen. El rastreo del celular se utilizó para desviar la investigación hacia otros posibles culpables, cuando en realidad, ahora se comprueba que los miembros de la Fiscalía estuvieron involucrados. Queda claro además, que esta operación fue coordinada por el Bloque Capital, al cual también se refirió el jefe paramilitar.

Cuando Mancuso habla de las alianzas con el Departamento Administrativo de Seguridad- DAS, y de la participación de sus directivas en la interceptación de llamadas, seguimientos y de información de inteligencia militar,  se confirman las persecuciones que sufrieron muchos de los miembros del Cinep. Todo esto ratifica la participación tanto del DAS como de la Fiscalía en la ejecución del crimen, dos organismos del Estado con amplio accionar y relación directa con las estructuras criminales de la época. En su testimonio Mancuso reconoce que ellos acataban órdenes de instancias gubernamentales, militares y empresariales. Bajo su directriz, se ejecutaron numerosos  asesinato de líderes, estudiantes, profesores, periodistas y cualquier sospechoso de estar en desacuerdo con su ideología y de constituir un impedimento en el control social y territorial por parte de estos grupos.

 

El testimonio de Mancuso destapa el entramado de las relaciones paramilitares con miembros del Estado y de las fuerzas militares. En varias instancias se refiere a la colaboración de Pedro Juan Moreno Villa, Secretario del gobernador de Antioquia de la época, Álvaro Uribe Vélez. Según el exparamilitar,  Pedro Juan era amigo cercano y colaborador de las autodefensas; visitaba a menudo a Castaño, y les proporcionaba información, listas de objetivos militares y armamentos. También señala a José Miguel Narváez, instructor de la Escuela Superior de Guerra y posterior subdirector del DAS, quien era el encargado de llevar las listas de los señalados a Carlos Castaño. La referencia a las fincas en San Pedro de Urabá y a las Convivir de la zona, como centro de operaciones donde se planeaban los asesinatos y se definían las estrategias criminales coincide con la información de varios testigos de estos eventos. Fue en una finca de San Pedro de Urabá donde se dio la orden de los asesinatos de las cuatro personalidades que se cometieron entre 1997 y 1999: Mario Calderón, Eduardo Umaña Mendoza, Jesús María Valle y Jaime Garzón.  La pregunta crucial de quién dio la orden aún sigue sin respuesta. 

 

El caso de Mario y Elsa es uno entre miles de miles de asesinatos, masacres y desapariciones que han ocurrido en el país por cuatro décadas. Las declaraciones de Mancuso como aspirante a ser acogido por la Jurisdicción Especial para la Paz coinciden con denuncias y testimonios de muchos de los implicados y con las investigaciones realizadas por el centro de Memoria Histórica y el reporte de la Comisión de la Verdad. Por eso es creíble, aunque no deje de ser condenable. 

 

Es escalofriante comprobar que hemos vivido en un país donde se han cometido atrocidades comparables a las del holocausto nazi. Desde hornos crematorios, asesinatos selectivos, fosas comunes, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y persecuciones implacables contra líderes sociales y defensores del medio ambiente.  

 

En mi libro Suma Paz: La utopía de Mario Calderón y Elsa Alvarado destaco la importancia de conocer la verdad como un camino para sanar el dolor de este y otros casos donde aún reina la impunidad. Las declaraciones de Mancuso brindan un valioso aporte  para desentrañar las causas y dinámicas que operaron y que aún persisten en las estructuras político militares del país.  

El miedo a la verdad

 Por Elvira Sánchez-Blake

 

Muy significativo el acto de entrega del informe final de la Comisión de la verdad el pasado 28 de junio, en la que su presidente, Francisco de Roux hizo un llamado a todos los colombianos para trabajar sobre la paz GRANDE a través de las recomendaciones que se hacen en el documento.  El mensaje de de Roux fue explícito sobre la importancia de conocer la verdad como mensaje de esperanza para un futuro que resume el título del informe: “Hay futuro si hay verdad”.

 

Sin embargo fue muy notoria la ausencia de representantes del gobierno, de las fuerzas armadas y de los sectores económicos del país. El acto ni siquiera se transmitió por las cadenas nacionales del país. Solo por YouTube e Instagram. Confirma una vez más la escisión de los colombianos frente a los temas de paz y el miedo a reconocerla. El sacerdote hizo énfasis sobre este asunto, al afirmar que existe un gran sector de la población que no se ha enterado de los efectos de la guerra en Colombia por indiferencia o por indolencia.  Es esta misma clase de personas los que estuvieron ausentes y ajenas al acto y las mismas que por un temor generalizado extienden un manto de silencio ante el reto de conocer la Verdad.

 

No es de extrañar que las preguntas que pronunció Francisco de Roux durante la ceremonia continúen flotando en el imaginario colectivo:

 

¿Por qué el país no se detuvo para exigir a las guerrillas y al Estado parar la guerra política desde temprano y negociar una paz integral? ¿Cuál fue el papel del Estado y las instituciones que impidieron y más bien promovieron el conflicto armado? ¿Dónde estaba el Congreso, dónde los partidos políticos? ¿Hasta dónde los que tomaron las armas contra el Estado calcularon las consecuencias brutales y macabras de su decisión?

 

Estas preguntas fueron guía de la investigación que acometieron los once comisionados para producir un documento de 896 páginas de hallazgos y recomendaciones. No obstante muchas de las preguntas no tienen respuesta y siguen sin resolver.

 

Y es que el esclarecimiento de la verdad ha sido un trabajo arduo y difícil. Los comisionados han trabajado por cuatro años con un método riguroso y un equipo especializado en la recolección de testimonios a víctimas, actores armados, estamentos públicos, privados y empresariales, fuerzas militares, gobernantes y exgobernantes, y a todos se les han dado las mismas oportunidades de expresar y reconocer sus verdades. Uno de los aportes más valiosos ha sido la inclusión de un capítulo sobre la violencia sexual y de género y de los representantes de los LGBTIQ, algo que no había ocurrido antes en ningún informe de este tipo. Cabe mencionar que los informes sobre la verdad en países como Argentina, Guatemala, El Salvador, Chile y Suráfrica realizados después de guerras civiles incruentas, han sido decisivos en llevar a la estabilidad a estas naciones.

 

De Roux señaló con vehemencia a todos los actores violentos, comenzando por los actos macabros cometidos por la guerrilla, así como las masacres de los paramilitares, al tiempo que reprochó la impavidez de la gente que veía en los noticieros estos hechos como parte de lo que llamó “una novela barata”. Igualmente se refirió a los llamados Falsos Positivos como actos execrables cometidos por las fuerzas armadas para responder a las demandas de altos funcionarios que pedían bajas de subversivos. Dijo: “Diez muertos es malo, Cien es macabro, pero 6.400 es execrable”. El informe destaca que el Estado “usó la lógica del enemigo para justificar los homicidios de personas en condiciones de indefensión”.

 

El reto que tiene por delante la Comisión es hacer que la gente lea, vea, escuche y se entere sobre las revelaciones del informe. Este es un trabajo casi tan maratónico como el realizado hasta ahora por los comisionados y los recolectores de datos. Y es que en Colombia se niega a conocer y a aceptar la historia del conflicto, y se pasa por encima de los muertos y asesinatos con la misma indolencia con que se apoya o se concede a los poderosos la prerrogativa de controlar y decidir sobre la vida humana. 

 

¿Qué sigue ahora? El trabajo de sanar y restablecer una convivencia armónica continúa.

La tarea pendiente es concientizar a la ciudadanía para que comprenda que todos somos parte de esta verdad amarga que destapa el informe: hemos sido víctimas y victimarios por acción y por omisión al presenciar tantos actos horrendos que sucedían a nuestro alrededor sin mosquearnos y sin condonarlos. Las preguntas que pronunció de Roux deben al menos hacernos pensar y reflexionar:

 

¿Qué hicieron los líderes religiosos, los educadores, los jueces y fiscales que dejaron acumular la impunidad? ¿Qué papel jugaron los formadores de opinión y los medios de comunicación? ¿Cómo nos atrevemos a dejar que pasara y a dejar que continúe?  Y yo me pregunto, ¿Hasta cuándo seguiremos dando la espalda a la verdad con el silencio, la indolencia y la apatía?

 

            Las palabras que resuenan y hacen eco en múltiples medios, debería al menos hacernos reaccionar:

Si hiciéramos un minuto de silencio por cada una de las víctimas del

conflicto armado, el país tendría que estar en silencio 17 años.

Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad.

 

El informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad fue dado a conocer en una plataforma multimedia fácil de acceder y de ver, leer o escuchar, con el objeto de facilitar la difusión de sus hallazgos. Los archivos impresos y digitales quedarán alojados en el Museo de la Memoria con el fin “de ser parte del relato histórico del país y hacerse memorable para su población”.

 

 https://www.comisiondelaverdad.co/

https://www.youtube.com/watch?v=2Ap2gWBIeT0

 

 

 

Elecciones en Colombia: ¿incertidumbre o esperanza?

Elvira Sánchez-Blake 

No sorprenden los resultados de las elecciones legislativas de Colombia el pasado 13 de marzo. La ventaja comparativa del Pacto Histórico en las curules del congreso, y de Petro en la consulta de los candidatos presidenciales, son la respuesta lógica frente a un gobierno incompetente que cumplió exactamente lo que se había propuesto: hacer trizas los acuerdos de paz y lanzar al país de nuevo a la ola de violencia que los acuerdos trataron de frenar.

 

Y la gente se pregunta, ¿por qué Petro logró tantos adeptos y tomó tanta ventaja con los resultados electorales? No es por ser un gran líder, ni por haber ejecutado una campaña de largos alcances. El mismo presidente Duque se encargó de abrirle el camino indirectamente con un desgobierno que solo benefició a la clase dirigente, que ignoró los pedidos de la gente y que recrudeció la violencia a pasos gigantescos en las regiones donde campean de nuevo bandas criminales, disidencias y mafias del narcotráfico.

 

Uno de los aspectos más dolorosos de los últimos cuatro años ha sido el incremento de los asesinatos a líderes sociales y ambientales. Pese al continuo escrutinio de organizaciones internacionales y al constante clamor de todas los estamentos para frenar esta persecución atroz, la respuesta del Estado ha sido improcedente y de total negligencia para atender este flagelo.

 

Desde 2016 han sido asesinados más de 700 líderes sociales y del medio ambiente (Indepaz).

 

2020 fue el año que registró mayor número de asesinatos: 293 líderes sociales, 65 líderes ambientales, 83 masacres. Los grupos indígenas y afros son los más afectados (Indepaz)

 

Colombia es el número uno en el mundo en asesinatos de ambientalistas.

 

A marzo de 2022 los asesinatos de líderes suman 36, además de 20 masacres con 61 víctimas. (Global Witnesses)

 

En octubre pasado conocí a defensores del Páramo de Santurbán en Santander, el cual se encuentra amenazado por compañías que quieren extraer oro y minerales con un costo ambiental devastador para la región. Los Cerros del Oriente de Bucaramanga están en peligro por la misma razón. Igual ocurre con las selvas del Amazonas, arrasadas por los desarrolladores que solo ven beneficio económico en los inmensos recursos de hidrocarburos.

 

Las persecuciones continuarán mientras el Estado siga apoyando las acciones de las corporaciones que están detrás del extractivismo de las zonas protegidas. Son muchos los ecosistemas que están en peligro en Colombia y numerosos los grupos de defensores amenazados por oponerse a los proyectos que solo generan riquezas para unos pocos y destrucción del ambiente y de los ecosistemas para una gran mayoría. Ese es uno de los grandes retos de la próxima administración.

 

¿Cómo se explica de otro lado, la impotencia del gobierno para frenar las bandas poderosas del narcotráfico?  Quizás, la respuesta se encuentra en la connivencia del Estado y la fuerza pública con los jefes de las bandas criminales y del narcotráfico. La captura del jefe del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, lo ha demostrado. Pese a que los comandantes militaron se ufanaron de haber dado el mayor golpe al narcotráfico, los hechos demuestran otra cosa. Los impedimentos para que el máximo jefe rindiera declaraciones, el robo de documentos y grabaciones  a un delegado de la Comisión de la Verdad, y los tropiezos que han obstaculizado el proceso, solo se explican por el contubernio de la fuerza pública con las bandas criminales.   

 

Una de las grandes paradojas de las elecciones fue el triunfo de herederos del paramilitarismo en las Curules de Paz, creadas para las víctimas del conflicto armado. ¡Suprema ironía! Parece un chiste creer que Jorge Rodrigo Tovar salió electo representante a la Cámara por las víctimas del Cesar, Magdalena y La Guajira. La misma región donde su padre, el temido paramilitar Jorge 40, sembró el terror.

El gran jefe del Bloque Norte fue el autor de más de 600 crímenes, entre ellos 333 masacres, homicidios selectivos o desplazamientos forzados a finales de los noventa y principios del dos mil.

 

Tovar se aprovechó de uno de los puntos del Acuerdo de Paz dirigido a reparar a las víctimas de los horrores del conflicto armado. No sólo llevó a cabo una campaña fastuosa, sino que contó con el apoyo de la Unidad de Víctimas del Cesar y recibió el aval de los grupos paramilitares que hacen presencia en los territorios del norte del país.  En pocas palabras, como afirma Alfredo Molano Jimeno, “A nombre de la paz y la defensa de las víctimas, y con el apoyo del gobierno Duque, se allanó el regreso al Capitolio del hijo de uno de los jefes paramilitares más temidos de Colombia” (Revista Cambio). 

 

No ayuda para nada que ahora salga el cacique mayor a decir que los resultados de las elecciones “son inaceptables.” ¿Está promoviendo un golpe similar al que llevó a cabo Trump en Estados Unidos? No aceptar los resultados electorales y generar dudas sobre los votos es generar ilegitimidad en las instituciones y en la propia democracia. Una vez más, queda demostrado que el Pacto Histórico se ha fortalecido gracias a la incompetencia del actual gobierno y del partido que lo apoya.

 

No sabemos si el Pacto Histórico en cabeza de Petro,  y ojalá de Francia Márquez, sea la respuesta a los retos gigantescos que enfrenta Colombia.  Lo cierto es que pese a todos los miedos e incertidumbre que genera, es la opción que parece llevar mayor acogida frente a la decadencia de 20 años del régimen uribista y la muestra contundente de que los colombianos no aguantan más.

 

Fuentes:

Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz- INDEPAZ. https://indepaz.org.co/lideres-ambientales-asesinados/.

 

[1] Molano Jimeno, Alfredo. https://cambiocolombia.com/articulo/poder/jorgito-41-un-representante-de-victimas-con-sangre-de-victimario. Revista Cambio Colombia. Marzo, 20, 2022.

 

 

Soy Comunera

 Elvira Sánchez-Blake

A principios de septiembre recibí una llamada de Hernando Ardila González, quien muy amablemente me invitó a participar en el XV Encuentro Universal de Escritores Vuelven los Comuneros. Gracias  esta invitación, tuve la oportunidad de viajar a Colombia y asistir a este encuentro memorable en el que me reencontré con mis ancestros comuneros.

No me imaginaba que al hacerme comunera me iba a encontrar con un nutrido grupo de poetas, narradores y exponentes de la literatura de varias partes de Colombia y del mundo. Por arte de magia, me sentí parte de este elenco de voces diversas, con ecos de la antigua Grecia, o de la poesía ecléctica del Cono Sur, del orgullo del pueblo Wayuú, o del clamor intenso de jóvenes que poetizan por un futuro promisorio en su país.

                           Conversatorio con Claudio Anaya. Casa del Libro Total (Bucaramanga)

Fueron días muy intensos llenos de actividades y eventos. En Bucaramanga, tuve la oportunidad de participar en los actos que se llevaron a cabo en La Casa del Libro Total, en el Museo de Arte Moderno y en varios conversatorios. En la casa del Libro tuvo lugar el acto inaugural con la presentación de nuestras obras literarias alternadas con espectáculos musicales y recitales de jóvenes poetas. Al término de la presentación de mi reciente libro Suma Paz, tuve la fortuna de encontrarme con líderes sociales y ambientales que se identificaron con los temas de mi novela.   

Un evento que me marcó profundamente fue la visita al albergue de niñas del Hogar Teresa Toda de Floridablanca.  Las adolescentes nos recibieron con suspicacia primero, pero luego de escucharnos a Delia Rosa y a mí, se relajaron y compartieron con nosotros como viejas conocidas. Nunca supe sus
historias, pero pude adivinar por la sombra de sus miradas los abandonos y las tristezas que ocultan.  En las noches intercambiamos coplas y cantos con muchachos jóvenes y emprendedores en tertulias plenas de variantes poéticas.

 

                                                                             Comuneros en el Chicamocha

El programa continuó con una travesía por la ruta de los Comuneros: San Gil,  Barichara, Socorro y Charalá.  Durante el recorrido nos detuvimos en el Cañón del Chicamocha, donde rendimos tributo a la Pacha Mama y recordamos la historia de los últimos guanes. Hernando relató la forma como los aguerridos pobladores de las sierras santandereanas prefirieron arrojarse al cañón antes que perecer en manos de los conquistadores. Cuenta la leyenda que el cacique Guanentá arrojó la última pica mientras se lanzaba al vacío, con un grito que pregonaba: “La lucha continúa”. Sin embargo, nunca llegó al fondo del río Fonce porque él se convirtió en un ave que de tiempo en tiempo le recuerda a la raza santandereana su espíritu rebelde contra todas las opresiones.

 Recital en el Parque Gallineral

Las ceibas colmadas de magníficos festones del Parque Gallineral de San Gil convocaron a las musas  a un recital poético bajo la lluvia en la plaza central. El ambiente de árboles milenarios, aves coloridas y de aromas tropicales no podía ser más propicio para evocar los versos del famoso vals:

“…Se escucha el grito de la rebelión que a esta tierra estremeció, grito de los comuneros…..”

Esa noche llegamos a Barichara, donde compartimos un espacio deleitable con otros poetas de la región en la Casa Ahumada.  Voces jóvenes de la provincia, así como artistas de la región guanentina se dieron cita para declamar versos y dar lectura a textos de variados estilos. Barichara es un sitio mágico que rinde tributo a la armonía del paisaje montañero con una arquitectura colonial detenida en el tiempo.  Visitamos las iglesias, los parques y recorrimos los senderos de esta población; nos tomamos fotos en frente del monumento a la labranza del escultor y escritor, Luis Eduardo Mejía Bohorquez, y probamos el platillo típico de la región: las hormigas culonas, el exótico delicatesen y orgullo por excelencia de Santander.

  El artista Luis Eduardo Mejía Bohorquez ante su obra en Barichara

En el Socorro, nos recibieron los profesores de la Universidad Libre.  El decano de la facultad de Educación, Johan Builes González, fue nuestro anfitrión y estuvo a cargo de los eventos y presentaciones en varios foros: colegios, instituciones y un evento de lujo en la sede de la Universidad. A mí me correspondió visitar el colegio Siglo XXI, donde intercambiamos ideas y experiencias con los estudiantes de bachillerato en un conversatorio en wayuú, inglés y español, en compañía del poeta John Jairo Palomino y la gestora cultural guajira, Delia Rosa Bolaño.

 

 Conversatorio con estudiantes del Colegio Siglo XXI en Socorro

El recorrido continuó por Charalá donde se le rindió homenaje a la madre de la insurgencia, Antonia Santos y al líder de la gesta rebelde, José Antonio Galán, en el Museo de los Comuneros y se dio clausura al evento.

La llamada de Hernando Ardila aquel día de septiembre para invitarme a este recorrido dio un giro a mi confinamiento de un año y medio. Fue un motivo para volver a la presencialidad, y la oportunidad de conocer e interactuar con escritores, poetas, gestores culturales y de reconocer mis raíces santandereanas.   Más que todo, fue reconocer el espíritu aguerrido de nuestros atepasados guanes, y de los comuneros rebeldes y resilentes que sigue presente en las jóvenes generaciones dadas las actuales condiciones que vive el pueblo colombiano.

Hernando Ardila, Fundador de Vuelven los Comuneros

Expreso mi gratitud a los organizadores, Hernando Ardila, a Luz Amparo Moreno a Yuli Marlín y a Nelson Castiblanco, "Gato", por hacer posible este evento y por la invitación a convertirme en Comunera.  Este encuentro que ya cumple quince años de existencia nos recuerda la labor que cumplimos como portadores de la palabra y de un mensaje sutil que se extiende tras las fronteras de la patria. 

 Recordaré siempre a cada uno de los compañeros: a Georgia Kaltsidou, por su voz poética en griego y español con versos de agudo tenor. A John Jairo, el poeta que nos recuerda que “La poesía es fuego y si es necesario, el poeta debe arder con él”.  A la Princesa Delia Rosa Bolaño, quien exhibe con orgullo su linaje guajiro y evoca en sus textos la historia de sus ancestros y el clamor de su región. A Anna Francisca Rodas, la paisa, declamadora de  versos evocativos de nostalgias y de acertijos insondables. A Mario Encalada, el chileno sueco, que nos amenizó con versos de corte romántico.

 La Princesa wayuu Delia Rosa Bolaño

Recuerdo también a Margarita Rosa Tirado como un regalo del cielo.  Ella marcó una huella  con su activismo socio ecológico que transmite con ardor desde su poética del cuerpo. No puedo dejar de mencionar a John Gómez, el representante de los colectivos de jóvenes de Bucaramanga, quien con sus poemas atesta como dagas el escenario desolado del país. Por último, a Hernando, el que durante el trayecto se cuidó de deleitarnos con sus poemas, pero no pudo escaparse de que otros leyeran por él la invocación a Cristo, bájate de la Cruz, y el Padre nuestro comunero que recuerda la misión de nuestras huestes desde la literatura:

Porque tuya, José Antonio es la gloria

    De Manuela y Antonia también.                           

Se oye el grito de la rebelión,

   Regresas comunero…

La casa ya no está sola ni sembrada está de sal,

Somos tu sueño glorioso…  anhelo en verbo plural.

 

 

Los factores de persistencia

 Las declaraciones de Mancuso y de Timochenko ante la Comisión de la Verdad

Por E. Sánchez-Blake

                                                                            (https://www.kienyke.com)

Los jefes máximos de las Farc y de las Autodefensas tuvieron la oportunidad de revelarle a los colombianos las verdades ocultas de la confrontación armada ante la Comisión de la Verdad. En el proceso salió a la luz que en el intento de tomarse el poder por medio de la lucha armada, las Farc le dieron la excusa perfecta a los paramilitares para asumir  el poder a través de la parapolítica que gobernó en la primera década del dos mil.

 

Salvatore Mancuso reveló que las Autodefensas nacieron como respuesta a las extorsiones de la guerrilla y con el propósito de combatirlas se fueron creando redes de apoyo a través de pactos y acuerdos desde un despacho, desde una oficina o desde un club entre los gremios económicos, los militares y los políticos. El objetivo inicial de defenderse de la guerrilla y fortalecer la institucionalidad derivó en el horror de la guerra.  Y con el apoyo de estos sectores los paramilitares se encargaron de nombrar alcaldes, designar gobernadores regionales,  elegir parlamentarios y “hasta el presidente”.

 

Salvatore Mancuso describió su rol en el entramado de la guerra como uno de los “factores de persistencia” diseñado para prologar el conflicto. El  antiguo jefe de las Autodefensas del Bloque Norte del departamento de Córdoba dio a conocer el modus operandi del proyecto político económico militar que volcó al país en la confrontación sangrienta de los años noventa y que continúa en los dos mil. Aseguró además que el conflicto armado seguirá vigente sin importar los acuerdos de paz o los pactos entre los actores armados, porque el sistema está diseñado para que se mantenga la guerra y el narcotráfico en el país, gracias a lo que él denominó los factores de persistencia.

 

Las declaraciones del líder de las autodefensas, Salvatore Mancuso y el líder de las Farc, Rodrigo Londoño, ante la Comisión dejan muchas inquietudes. Para nadie fue sorpresa escuchar que ellos se consideraban víctimas de la guerra. Londoño recordó que las guerrillas surgieron como respuesta a la violencia bipartidista de los años cincuenta y la injusticia en la distribución de las tierras. Su propia familia fue víctima de la persecución y el desplazamiento.  Mancuso atribuyó su participación en las AUC cuando pidió apoyo del Estado ante las permanentes amenazas de extorsión y secuestro por parte de las Farc. En lugar de recibir el apoyo deseado, fue reclutado para servir como informante y ficha clave para combatir la subversión.

 

Nadie se extrañó ante la confirmación de que tanto la guerrilla como las autodefensas hicieron pactos con el narcotráfico para financiar y mantener su lucha armada. Ni que en los dos casos, el control territorial se convirtió en el objetivo principal de la lucha armada, bajo pretextos de lucha antisubversiva y de tomarse el poder político. En ambos casos, primó la ambición desmedida de ambos bandos y los intereses particulares.

 

Lo que sí llama la atención es el papel preponderante que Mancuso atribuyó al Estado. Sin dar nombres ni datos específicos, en varias instancias se refirió a las reuniones que sostenía con gobernadores, alcaldes, comandantes de brigada, empresarios y políticos y a las órdenes impartidas en clubs, despachos y oficinas gubernamentales. De acuerdo con su testimonio, ellos recibían listas de los sujetos señalados para ser eliminados, entre los que se contaban líderes sociales, jefes de sindicatos, profesores y periodistas.

 

Mancuso se refirió al rol que desempeñó como Comisario político del proyecto político económico militar que se conformó en los años noventa .  Su misión consistía en recoger información y transmitirla al Estado.  Él le respondía a los jefes militares y paramilitares (los Castaño). Señaló la importancia que jugaron las Convivir, como engranaje entre la institucionalidad y la autodefensa ilegal (conformada por los bloques que se formaban en distintas zonas del país). A través de ese sistema se definían las “operaciones especiales” con el propósito de llevar expansión económica a las zonas productivas. Estas acciones incluían el despojo territorial de campesinos y pequeños agricultores en beneficio de empresarios, políticos y narcotraficantes que se quedaban con las tierras desposeídas. La expropiación y subsiguiente titulación se ejecutaba con la anuencia de las instituciones porque las autodefensas eran los que definían los cargos políticos y administrativos  a todo nivel, incluso en las más altas instancias gubernamentales.

 

Al ser interrogado sobre su papel en la eliminación de los miembros de la Unión Patriótica, respondió que el responsable de esa operación fue el Estado. Explicó que la motivación principal era el temor de que el país se convirtiera en otra Cuba. Se refirió además a la necesidad de lograr el poder para dar “solución a  la problemática de las regiones”.  Las supuestas problemáticas era la intromisión de los ideólogos que según su criterio ayudaban y apoyaban a las Farc. Por eso las AUC se tomaron las instituciones y las universidades, donde se creía que abundaban los infiltrados de la guerrilla.

 

Por su parte, el exjefe de las Farc admitió que el objetivo de la guerrilla era tomarse el poder político. La gran frustración fue que nunca lo lograron. En el proceso de lograr un cambio en las estructuras del país y con la caída del muro de Berlín, se vieron obligados a financiar su lucha por varios medios: secuestro, extorsión y finalmente alianzas con el narcotráfico. Lo paradójico es que los paramilitares lograron lo que no pudo la guerrilla, tomarse el poder político a través de la famosa parapolítica que tuvo su auge en la administración que gobernó el país del 2002 al 2010.

 

Los líderes de los bandos que mantuvieron el país en una confrontación sangrienta por varias décadas se mostraron humildes y pidieron perdón a sus víctimas ante la mirada incólume de Francisco de Roux y de miles de espectadores que siguieron la transmisión por Youtube. Al final queda flotando en el aire una serie de preguntas incómodas. ¿A quién se refiere Mancuso cuando nombra al Estado como el cerebro principal en esta guerra? ¿Quiénes son los que mantienen el proyecto político económico militar todavía vigente? ¿Qué factor juega el narcotráfico en todo ese entramado? Cabe la ligera esperanza de que al conocer las “verdades” de estos sujetos se develen los factores de persistencia que continúan activos desde los núcleos del poder y se destapen a los ejecutores que continúan el mismo esquema de perseguir, amedrentar y aterrorizar las regiones donde se urden los intereses económicos y políticos.