Por Elvira Sánchez-Blake
El 19 de mayo se cumplen 26 años de impunidad del crimen cometido contra Mario Calderón, Elsa Alvarado y de su padre, Carlos Alvarado. Este hecho que constituye uno de los miles de asesinatos contra personas que trabajaban por la defensa del medio ambiente, las causas sociales y las comunidades, cobra vigencia ante el testimonio del jefe exparamilitar, Salvatore Mancuso.
Las declaraciones de Mancuso ante la JEP, constatan un asunto gravísimo: la connivencia de la fuerza pública, empresarios y Estado con los grupos paramilitares con el fin de eliminar a todos aquellos que se opusieran a los intereses de estos grupos. El testimonio de Mancuso destaca que estas acciones se ejecutaban bajo la presunción de combatir a la guerrilla y de eliminar sus redes de apoyo, pero en realidad, el propósito iba dirigido a apropiarse de territorios estratégicos para controlar el mercado y las rutas del comercio de drogas. El antiguo jefe de uno de los bloques más sanguinarios de las autodefensas ha revelado que sus operaciones fueron apoyadas con entrenamiento, armamento, logística, tropas y financiación por parte de los gobiernos de turno y de compañías de gran envergadura del país.
El testimonio de Mancuso me permitió reconocer detalles precisos que hacen parte de la investigación que realicé para el libro Suma Paz: La utopía de Mario Calderón y Elsa Alvarado (Icono, 2001). En particular, constaté que los guerrilleros del EPL se unieron a las Autodefensas como condición a su proceso de desmovilización. Eso explica por qué Don Berna, quien fuera guerrillero del EPL, trabajó bajo las órdenes de Carlos Castaño coordinando la ejecución del crimen a través de la banda de sicarios, La Terraza. Además, Mancuso afirmó que Tierralta, Córdoba, fue una zona estratégica de las operaciones de las AUC y reconoció que los Embera Katíos fueron víctimas de una campaña de exterminio por oponerse al proyecto hidroeléctrico de Urrá. Mario Calderón, gran defensor de estos grupos indígenas y de su derecho a ocupar las tierras que le pertenecían desde siempre, se oponía a la construcción de la represa, razón por la cual recibió amenazas y se vio obligado a huir de Tierralta tras el atroz asesinato de su compañero de parroquia, Sergio Restrepo Jaramillo en 1989.
Mancuso menciona que las
organizaciones de derechos humanos generaron incomodidad al denunciar los
crímenes de los paramilitares ante instancias internacionales. Esto confirma la
teoría de que el Cinep fuera considerado como un objetivo militar y que el
asesinato de Mario Calderón, uno de sus miembros más visibles, obró como una
advertencia y represalia dirigida al Centro jesuita. Al referirse a la colaboración de entidades gubernamentales como la fiscalía y el DAS, que brindaban
inteligencia y apoyo a las acciones paramilitares, se comprende por qué los
sicarios ejecutaron el crimen utilizando uniformes de la CIT de la Fiscalía. Un
asunto en particular fue el destino del celular que uno de los sicarios olvidó
en la portería del edificio tras cometer el crimen. El rastreo del celular
se utilizó para desviar la investigación hacia otros posibles culpables, cuando
en realidad, ahora se comprueba que los miembros de la Fiscalía estuvieron involucrados. Queda claro además, que esta operación fue coordinada por el Bloque Capital, al cual también se refirió el jefe paramilitar.
Cuando Mancuso habla de las alianzas con el Departamento Administrativo de Seguridad- DAS, y de la participación de sus directivas en la interceptación de llamadas, seguimientos y de información de inteligencia militar, se confirman las persecuciones que sufrieron muchos de los miembros del Cinep. Todo esto ratifica la participación tanto del DAS como de la Fiscalía en la ejecución del crimen, dos organismos del Estado con amplio accionar y relación directa con las estructuras criminales de la época. En su testimonio Mancuso reconoce que ellos acataban órdenes de instancias gubernamentales, militares y empresariales. Bajo su directriz, se ejecutaron numerosos asesinato de líderes, estudiantes, profesores, periodistas y cualquier sospechoso de estar en desacuerdo con su ideología y de constituir un impedimento en el control social y territorial por parte de estos grupos.
El testimonio de Mancuso destapa el entramado de las relaciones paramilitares con miembros del Estado y de las fuerzas militares. En varias instancias se refiere a la colaboración de Pedro Juan Moreno Villa, Secretario del gobernador de Antioquia de la época, Álvaro Uribe Vélez. Según el exparamilitar, Pedro Juan era amigo cercano y colaborador de las autodefensas; visitaba a menudo a Castaño, y les proporcionaba información, listas de objetivos militares y armamentos. También señala a José Miguel Narváez, instructor de la Escuela Superior de Guerra y posterior subdirector del DAS, quien era el encargado de llevar las listas de los señalados a Carlos Castaño. La referencia a las fincas en San Pedro de Urabá y a las Convivir de la zona, como centro de operaciones donde se planeaban los asesinatos y se definían las estrategias criminales coincide con la información de varios testigos de estos eventos. Fue en una finca de San Pedro de Urabá donde se dio la orden de los asesinatos de las cuatro personalidades que se cometieron entre 1997 y 1999: Mario Calderón, Eduardo Umaña Mendoza, Jesús María Valle y Jaime Garzón. La pregunta crucial de quién dio la orden aún sigue sin respuesta.
El caso de Mario y Elsa es uno entre miles de miles de asesinatos, masacres y desapariciones que han ocurrido en el país por cuatro décadas. Las declaraciones de Mancuso como aspirante a ser acogido por la Jurisdicción Especial para la Paz coinciden con denuncias y testimonios de muchos de los implicados y con las investigaciones realizadas por el centro de Memoria Histórica y el reporte de la Comisión de la Verdad. Por eso es creíble, aunque no deje de ser condenable.
Es escalofriante comprobar que hemos vivido en un país donde se han cometido atrocidades comparables a las del holocausto nazi. Desde hornos crematorios, asesinatos selectivos, fosas comunes, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y persecuciones implacables contra líderes sociales y defensores del medio ambiente.
En mi libro Suma Paz: La utopía de Mario Calderón y Elsa Alvarado destaco la importancia de conocer la verdad como un camino para sanar el dolor de este y otros casos donde aún reina la impunidad. Las declaraciones de Mancuso brindan un valioso aporte para desentrañar las causas y dinámicas que operaron y que aún persisten en las estructuras político militares del país.
