¿Quién dio la orden? Mario y Elsa, 26 años de impunidad

 Por Elvira Sánchez-Blake

 

Mario y Elsa, ambientalistas del Cinep asesinados el 19 de mayo de 1997.

El 19 de mayo se cumplen 26 años de impunidad del crimen cometido contra Mario Calderón, Elsa Alvarado y de su padre, Carlos Alvarado. Este hecho que constituye uno de los miles de asesinatos contra personas que trabajaban por la defensa del medio ambiente, las causas sociales y las comunidades, cobra vigencia ante el testimonio del jefe exparamilitar, Salvatore Mancuso.

 

Las declaraciones de Mancuso ante la JEP, constatan un asunto gravísimo: la connivencia de la fuerza pública, empresarios  y Estado con los grupos paramilitares con el fin de eliminar  a todos aquellos que se opusieran a los intereses de estos grupos. El testimonio de Mancuso destaca que estas acciones se ejecutaban bajo la presunción de combatir a la guerrilla y de eliminar sus redes de apoyo, pero en realidad, el propósito iba dirigido a apropiarse de territorios estratégicos para controlar el mercado y las rutas del comercio de drogas.  El antiguo jefe de uno de los bloques más sanguinarios de las autodefensas ha revelado que sus operaciones fueron apoyadas con entrenamiento,  armamento, logística, tropas y financiación por parte de los gobiernos de turno y de compañías de gran envergadura del país.

 

El testimonio de Mancuso me permitió reconocer detalles precisos que hacen parte de la investigación que realicé para el libro Suma Paz: La utopía de Mario Calderón y Elsa Alvarado (Icono, 2001).  En particular, constaté que los guerrilleros del EPL se unieron a las Autodefensas como condición a su proceso de desmovilización. Eso explica por qué Don Berna, quien fuera guerrillero del EPL, trabajó bajo las órdenes de Carlos Castaño coordinando la ejecución del crimen a través de la banda de sicarios, La Terraza. Además, Mancuso afirmó que Tierralta, Córdoba, fue una zona estratégica de las operaciones de las AUC y reconoció que los Embera Katíos  fueron víctimas de una campaña de exterminio por oponerse al proyecto hidroeléctrico de Urrá.  Mario Calderón, gran defensor de estos grupos indígenas y de su derecho a ocupar las tierras que le pertenecían desde siempre, se oponía a la construcción de la represa, razón por la cual recibió amenazas y se vio obligado a huir de Tierralta tras el atroz asesinato de su compañero de parroquia, Sergio Restrepo Jaramillo en 1989.

Mancuso menciona que las organizaciones de derechos humanos generaron incomodidad al denunciar los crímenes de los paramilitares ante instancias internacionales. Esto confirma la teoría de que el Cinep fuera considerado como un objetivo militar y que el asesinato de Mario Calderón, uno de sus miembros más visibles, obró como una advertencia y represalia dirigida al Centro jesuita. Al referirse a la colaboración  de entidades gubernamentales como la fiscalía y el DAS, que brindaban inteligencia y apoyo a las acciones paramilitares, se comprende por qué los sicarios ejecutaron el crimen utilizando uniformes de la CIT de la Fiscalía. Un asunto en particular fue el destino del celular que uno de los sicarios olvidó en la portería del edificio tras cometer el crimen. El rastreo del celular se utilizó para desviar la investigación hacia otros posibles culpables, cuando en realidad, ahora se comprueba que los miembros de la Fiscalía estuvieron involucrados. Queda claro además, que esta operación fue coordinada por el Bloque Capital, al cual también se refirió el jefe paramilitar.

Cuando Mancuso habla de las alianzas con el Departamento Administrativo de Seguridad- DAS, y de la participación de sus directivas en la interceptación de llamadas, seguimientos y de información de inteligencia militar,  se confirman las persecuciones que sufrieron muchos de los miembros del Cinep. Todo esto ratifica la participación tanto del DAS como de la Fiscalía en la ejecución del crimen, dos organismos del Estado con amplio accionar y relación directa con las estructuras criminales de la época. En su testimonio Mancuso reconoce que ellos acataban órdenes de instancias gubernamentales, militares y empresariales. Bajo su directriz, se ejecutaron numerosos  asesinato de líderes, estudiantes, profesores, periodistas y cualquier sospechoso de estar en desacuerdo con su ideología y de constituir un impedimento en el control social y territorial por parte de estos grupos.

 

El testimonio de Mancuso destapa el entramado de las relaciones paramilitares con miembros del Estado y de las fuerzas militares. En varias instancias se refiere a la colaboración de Pedro Juan Moreno Villa, Secretario del gobernador de Antioquia de la época, Álvaro Uribe Vélez. Según el exparamilitar,  Pedro Juan era amigo cercano y colaborador de las autodefensas; visitaba a menudo a Castaño, y les proporcionaba información, listas de objetivos militares y armamentos. También señala a José Miguel Narváez, instructor de la Escuela Superior de Guerra y posterior subdirector del DAS, quien era el encargado de llevar las listas de los señalados a Carlos Castaño. La referencia a las fincas en San Pedro de Urabá y a las Convivir de la zona, como centro de operaciones donde se planeaban los asesinatos y se definían las estrategias criminales coincide con la información de varios testigos de estos eventos. Fue en una finca de San Pedro de Urabá donde se dio la orden de los asesinatos de las cuatro personalidades que se cometieron entre 1997 y 1999: Mario Calderón, Eduardo Umaña Mendoza, Jesús María Valle y Jaime Garzón.  La pregunta crucial de quién dio la orden aún sigue sin respuesta. 

 

El caso de Mario y Elsa es uno entre miles de miles de asesinatos, masacres y desapariciones que han ocurrido en el país por cuatro décadas. Las declaraciones de Mancuso como aspirante a ser acogido por la Jurisdicción Especial para la Paz coinciden con denuncias y testimonios de muchos de los implicados y con las investigaciones realizadas por el centro de Memoria Histórica y el reporte de la Comisión de la Verdad. Por eso es creíble, aunque no deje de ser condenable. 

 

Es escalofriante comprobar que hemos vivido en un país donde se han cometido atrocidades comparables a las del holocausto nazi. Desde hornos crematorios, asesinatos selectivos, fosas comunes, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y persecuciones implacables contra líderes sociales y defensores del medio ambiente.  

 

En mi libro Suma Paz: La utopía de Mario Calderón y Elsa Alvarado destaco la importancia de conocer la verdad como un camino para sanar el dolor de este y otros casos donde aún reina la impunidad. Las declaraciones de Mancuso brindan un valioso aporte  para desentrañar las causas y dinámicas que operaron y que aún persisten en las estructuras político militares del país.  

Los factores de persistencia

 Las declaraciones de Mancuso y de Timochenko ante la Comisión de la Verdad

Por E. Sánchez-Blake

                                                                            (https://www.kienyke.com)

Los jefes máximos de las Farc y de las Autodefensas tuvieron la oportunidad de revelarle a los colombianos las verdades ocultas de la confrontación armada ante la Comisión de la Verdad. En el proceso salió a la luz que en el intento de tomarse el poder por medio de la lucha armada, las Farc le dieron la excusa perfecta a los paramilitares para asumir  el poder a través de la parapolítica que gobernó en la primera década del dos mil.

 

Salvatore Mancuso reveló que las Autodefensas nacieron como respuesta a las extorsiones de la guerrilla y con el propósito de combatirlas se fueron creando redes de apoyo a través de pactos y acuerdos desde un despacho, desde una oficina o desde un club entre los gremios económicos, los militares y los políticos. El objetivo inicial de defenderse de la guerrilla y fortalecer la institucionalidad derivó en el horror de la guerra.  Y con el apoyo de estos sectores los paramilitares se encargaron de nombrar alcaldes, designar gobernadores regionales,  elegir parlamentarios y “hasta el presidente”.

 

Salvatore Mancuso describió su rol en el entramado de la guerra como uno de los “factores de persistencia” diseñado para prologar el conflicto. El  antiguo jefe de las Autodefensas del Bloque Norte del departamento de Córdoba dio a conocer el modus operandi del proyecto político económico militar que volcó al país en la confrontación sangrienta de los años noventa y que continúa en los dos mil. Aseguró además que el conflicto armado seguirá vigente sin importar los acuerdos de paz o los pactos entre los actores armados, porque el sistema está diseñado para que se mantenga la guerra y el narcotráfico en el país, gracias a lo que él denominó los factores de persistencia.

 

Las declaraciones del líder de las autodefensas, Salvatore Mancuso y el líder de las Farc, Rodrigo Londoño, ante la Comisión dejan muchas inquietudes. Para nadie fue sorpresa escuchar que ellos se consideraban víctimas de la guerra. Londoño recordó que las guerrillas surgieron como respuesta a la violencia bipartidista de los años cincuenta y la injusticia en la distribución de las tierras. Su propia familia fue víctima de la persecución y el desplazamiento.  Mancuso atribuyó su participación en las AUC cuando pidió apoyo del Estado ante las permanentes amenazas de extorsión y secuestro por parte de las Farc. En lugar de recibir el apoyo deseado, fue reclutado para servir como informante y ficha clave para combatir la subversión.

 

Nadie se extrañó ante la confirmación de que tanto la guerrilla como las autodefensas hicieron pactos con el narcotráfico para financiar y mantener su lucha armada. Ni que en los dos casos, el control territorial se convirtió en el objetivo principal de la lucha armada, bajo pretextos de lucha antisubversiva y de tomarse el poder político. En ambos casos, primó la ambición desmedida de ambos bandos y los intereses particulares.

 

Lo que sí llama la atención es el papel preponderante que Mancuso atribuyó al Estado. Sin dar nombres ni datos específicos, en varias instancias se refirió a las reuniones que sostenía con gobernadores, alcaldes, comandantes de brigada, empresarios y políticos y a las órdenes impartidas en clubs, despachos y oficinas gubernamentales. De acuerdo con su testimonio, ellos recibían listas de los sujetos señalados para ser eliminados, entre los que se contaban líderes sociales, jefes de sindicatos, profesores y periodistas.

 

Mancuso se refirió al rol que desempeñó como Comisario político del proyecto político económico militar que se conformó en los años noventa .  Su misión consistía en recoger información y transmitirla al Estado.  Él le respondía a los jefes militares y paramilitares (los Castaño). Señaló la importancia que jugaron las Convivir, como engranaje entre la institucionalidad y la autodefensa ilegal (conformada por los bloques que se formaban en distintas zonas del país). A través de ese sistema se definían las “operaciones especiales” con el propósito de llevar expansión económica a las zonas productivas. Estas acciones incluían el despojo territorial de campesinos y pequeños agricultores en beneficio de empresarios, políticos y narcotraficantes que se quedaban con las tierras desposeídas. La expropiación y subsiguiente titulación se ejecutaba con la anuencia de las instituciones porque las autodefensas eran los que definían los cargos políticos y administrativos  a todo nivel, incluso en las más altas instancias gubernamentales.

 

Al ser interrogado sobre su papel en la eliminación de los miembros de la Unión Patriótica, respondió que el responsable de esa operación fue el Estado. Explicó que la motivación principal era el temor de que el país se convirtiera en otra Cuba. Se refirió además a la necesidad de lograr el poder para dar “solución a  la problemática de las regiones”.  Las supuestas problemáticas era la intromisión de los ideólogos que según su criterio ayudaban y apoyaban a las Farc. Por eso las AUC se tomaron las instituciones y las universidades, donde se creía que abundaban los infiltrados de la guerrilla.

 

Por su parte, el exjefe de las Farc admitió que el objetivo de la guerrilla era tomarse el poder político. La gran frustración fue que nunca lo lograron. En el proceso de lograr un cambio en las estructuras del país y con la caída del muro de Berlín, se vieron obligados a financiar su lucha por varios medios: secuestro, extorsión y finalmente alianzas con el narcotráfico. Lo paradójico es que los paramilitares lograron lo que no pudo la guerrilla, tomarse el poder político a través de la famosa parapolítica que tuvo su auge en la administración que gobernó el país del 2002 al 2010.

 

Los líderes de los bandos que mantuvieron el país en una confrontación sangrienta por varias décadas se mostraron humildes y pidieron perdón a sus víctimas ante la mirada incólume de Francisco de Roux y de miles de espectadores que siguieron la transmisión por Youtube. Al final queda flotando en el aire una serie de preguntas incómodas. ¿A quién se refiere Mancuso cuando nombra al Estado como el cerebro principal en esta guerra? ¿Quiénes son los que mantienen el proyecto político económico militar todavía vigente? ¿Qué factor juega el narcotráfico en todo ese entramado? Cabe la ligera esperanza de que al conocer las “verdades” de estos sujetos se develen los factores de persistencia que continúan activos desde los núcleos del poder y se destapen a los ejecutores que continúan el mismo esquema de perseguir, amedrentar y aterrorizar las regiones donde se urden los intereses económicos y políticos.