Las locas de La Escombrera

Las buscadoras de la Comuna 13 (foto El Espectador)

 ¡No estamos locas!, ¡No estamos locas! gritaban las madres de las víctimas que se hicieron presentes ante el hallazgo de los primeros restos humanos en La Escombrera tras más de 20 años de búsqueda y reclamo de justicia por los horrendos hechos ocurridos en la Comuna 13 en el 2002. El grito de las mujeres adquiere relevancia porque al igual que las madres de la Plaza de Mayo en Argentina, las Arpilleras de Chile, las Dignas de El Salvador, las Madres de Soacha, en Colombia,  los victimarios han acusado de "locas" a las mujeres que se atreven a denunciar los horrores cometidos por un Estado asesino.

Los hechos de La Escombrera tuvieron lugar entre el 2002 y el 2004. Uno de los actos más escabrosos fue la Operación Orión, un bombardeo militar sobre la Comuna 13 ocurrido el 16 de octubre del 2002 en el que participaron el Ejército, la Policía y grupos paramilitares bajo las órdenes del presidente de la época. Se sabía que los restos humanos de los bombardeos así como la desaparición forzada de numerosos víctimas estaban ocultos en La Escombrera, un lugar localizado en la cima de la montaña de la Comuna 13, y donde se desechan materiales de construcción. 

El hallazgo de dos estructuras oseas ocultas bajo capas de residuos sucedió el 16 de diciembre pasado después de más de dos décadas de búsqueda por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD).  En un reporte para el diario El Universal, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, dijo que el descubrimiento es apenas el comienzo y que la actitud negacionista de muchos de los involucrados ante la realidad es  “revictimizante".

Igual de revictimizante es la constante acusación a las madres de los desaparecidos de "locas", con el objetivo de descalificar su reclamo y sus certezas de que los restos de sus hijos se hallaban en La Escombrera. Hasta ahora se ha demostrado que sus sospechas eran fundadas y sus señalamientos a los culpables eran reales. 

En un pronunciamiento por parte de Las buscadoras de la Comuna 13 de Medellín, las madres, abuelas y familiares de las víctimas declararon: 

"Los más recientes hallazgos de osamentas en La Escombrera son, además de un avance significativo, una reafirmación de lo que nuestros testimonios y exigencias visibilizaron por décadas: la perpetración de crímenes de lesa humanidad, la responsabilidad del Estado colombiano en los hechos victimizantes, y la negligencia y negacionismo institucional como práctica violenta y revictimizante".

Y es que el hallazgo de los primeros restos humanos en la fosa de La Escombrera se deben al pulso y a la valentía de las madres, abuelas, esposas, hermanas, hermanos, hijas y familias buscadoras que por décadas han permanecido inamovibles en las consignas y exigencias al Estado. Fueron las mujeres, quienes hicieron posible impulsar desde el año 2018 las medidas cautelares adoptadas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP, con el propósito de proteger La Escombrera, en un intento por salvaguardar los derechos de las víctimas de desaparición forzada de la Comuna 13. Y fueron también las mujeres, quienes entre la incertidumbre y la paciencia, presenciaron las labores de prospección que definieron el polígono de intervención. Fueron  ellas mismas tras 22 años después de exponer las denuncias por los macabros hechos ocurridos en la Comuna 13, quienes vieron cumplido su propósito al inicio de la excavación con fines forenses en julio del 2024.

“Nos dijeron que estábamos locas”, cuentan algunas de las buscadoras. Pero, como la historia lo ha demostrado, la locura también es un arma y un mecanismo de resistencia que otorga fortaleza para revelar verdades ocultas. Su lucha era contra un estado que ha continuado negando y desvirtuando cualquier asomo de evidencias de los abusos cometidos por la administración de principios de los dos mil, en connivencia con las fuerzas armadas y los paramilitares. La lucha de las mujeres buscadoras era contra un gigante que perpetuó su conducta a través de sucesivas administraciones y regimenes negacionistas. Gracias a la tenacidad de estas mujeres, "la locura se sobrepuso a lo que administraciones, instituciones y funcionarios públicos se atrevieron a negar; entre expresiones y calificativos que pusieron en duda y en riesgo la salud física, mental y emocional de las personas buscadoras".  Así lo expresa el comunicado dado a conocer por El Espectador.

Una de las líderes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), Martha Soto, afirmó que las denuncias de las víctimas han puesto en evidencia la responsabilidad del Estado colombiano en estos crímenes.  Además hizo claro que la negligencia y el negacionismo institucional han impedido durante años esclarecer los hechos y castigar a los culpables. Hasta ahora nadie ha pagado por estos crímenes de lesa humanidad. 

Otra madre de una víctima  y representante del colectivo Mujeres Caminando por la Verdad, Luz Elena Galeano,  expresó:  “cada hallazgo es una prueba irrefutable de lo que siempre hemos sabido. Allí están los rastros de la barbarie que hemos sufrido a causa del conflicto”.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, destacó la tarea de las buscadoras. "Gracias a su labor incansable a lo largo de los años, han luchado incansablemente por esclarecer la suerte de las personas desaparecidas en la Comuna 13 y en todo el país". Hoy se hace evidente que tenían razón.  Todas estas mujeres hacen un llamado para que estos crímenes no permanezcan en la impunidad.

Estos testimonios reflejan que la labor de las mujeres en denunciar las injusticias y en buscar la verdad cumple una vez más su propósito. Estas madres no se intimidaron ante las amenazas de las autoridades ni se dejaron amdrentar por los apelativos de "locas" con que quisieron señalarlas durante años. Una vez más también se constata que en muchos de los casos más deplorables del conflicto armado en Colombia, el mayor responsable fue el Estado mismo. En este caso particular,  contó con el apoyo de los paramilitares y del temible grupo La Terraza, comandado por Diego Fernando Murillo, alias Don Berna.

Pese al profundo dolor por la desaparición de sus seres queridos, estas madres, abuelas, hijas y familiares, conservan la esperanza de que la verdad finalmente sea revelada y su dignidad restituida.

Fuentes:

El Universal: https://www.eluniversal.com.co/colombia/2024/12/26/la-escombrera-la-fosa-de-medellin-revela-la-verdad-tras-20-anos/

El Espectador: https://www.elespectador.com/justicia-inclusiva/la-escombrera-buscadoras-de-la-comuna-13-se-pronuncian-tras-22-anos-de-impunidad/

El retorno de Mancuso

 Por Elvira Sánchez-Blake

                                   El exparamilitar Salvatore Mancuso a su llegada a Bogotá (Foto AP).

El regreso del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso a Colombia plantea un desafío inquietante en este momento histórico. ¿Será posible aprovechar su aporte para descubrir los horrores del conflicto armado que siguen encubiertos y llevar a la justicia a los que dieron la orden?

Ya se sabe que las declaraciones de Mancuso son muy peligrosas para muchos estamentos que siguen involucrados en las altas esferas de la política, de la clase empresarial y de las fuerzas militares. Las revelaciones del excomandante ante la Jurisdicción Especial Para la Paz en mayo del 2023 señalaron a varias personalidades y develaron perversas  maquinaciones tras las bambalinas del poder. Con su retorno al país, tras cumplir 15 años de condena en EE UU por narcotráfico, se espera que sus testimonios ante los tribunales de Justicia transicional, tanto de la JEP, como de Justicia y Paz  sustenten sus señalamientos para esclarecer muchas verdades y para llevar a la justicia a los grandes perpetradores que aún siguen impunes.

Gracias al testimonio de Mancuso, se han encontrado los cementerios, hornos crematorios y las fosas comunes donde se ocultaron miles de cuerpos de desaparecidos en los lugares que él indicó en su testimonio ante la JEP. El exparamilitar señaló también a muchos implicados en los esquemas criminales. Se refirió concretamente al exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, y el rol que jugó en ordenar los asesinatos de numerosos líderes políticos y defensores de derechos humanos. También develó detalles sobre la planificación de las masacres de El Aro en 1996 y de la Granja en 1997, en las que tuvo una participación decisiva la gobernación de Antioquia de la época y oficiales de la Cuarta Brigada de Medellín. Asimismo, señaló a Francisco Santos como el cerebro detrás de la creación del Bloque Metro y confirmó que las Convivir servían como la fachada legal de la violencia paramilitar. Una de sus afirmaciones más incriminatorias fue  la incidencia que tuvieron las autodefensas en las elecciones presidenciales de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez, y en la reelección de este último.

Estas acusaciones han sido verificadas, pero muchos de los responsables siguen campantes. Esta es la oportunidad de definir sus culpabilidades con testimonios incontrovertibles.

El Centro de Memoria Histórica se prepara para revelar datos actualizados de las víctimas del conflicto armado en el mes de abril. El asesor de comunicaciones del Centro, Jorge Aguilera, anticipó que las investigaciones han confirmado aproximadamente 10,000 ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos), 100,000 desaparecidos y 9 millones del total de víctimas como resultado de la guerra interna. Estas cifras superan con creces las que había reportado el Centro de Memoria Histórica y el informe de la Comisión de la Verdad. La nueva actualización será presentada oficialmente el 9 de abril, una fecha designada para conmemorar a las víctimas.

Es cierto que muchos colombianos desearían que el capítulo de la guerra se cerrara de una vez por todas y no saber nada más sobre el asunto. Actualmente se percibe un hastío emocional. Los que esperaban que el gobierno del cambio transformara el país solo ven caos y decepción. Y los que se limitan a cerrar los ojos y oídos frente a la realidad de lo que pasó y sigue pasando en Colombia son los que perpetúan el culto por el expresidente “salvador” que los liberó de la guerrilla y ejerció mano firme cuando se necesitó, sin importar el número de masacres y de víctimas que pagaron el costo.

En ese clima político la llegada de Mancuso se perfila como la oportunidad de lograr un cierre frente a las preguntas que aún quedan sin resolver. El exparamilitar debe otorgar pruebas fehacientes de los vínculos de los grandes personajes de la clase política con las masacres, desapariciones y órdenes de ajusticiamiento que llevaron a cabo las Autodefensas Unidas de Colombia. El conocimiento de esta Verdad tal vez podrá cerrar por fin y para siempre las heridas que aun sangran en Colombia, como lo afirmó Yolanda Ruiz en su columna de El País.

En un comunicado dado a conocer a su llegada a Colombia, Mancuso aseguró que cumplirá con el deber de trabajar por las víctimas en las comunidades y en sus territorios. Dijo que su objetivo es ponerse "al servicio de una agenda de paz que permita evitar que Colombia sea una fábrica eterna de víctimas y de dolores colectivos”.  Por último, se definió a sí mismo como un agente de cambio “dispuesto a trabajar por la paz y reconciliación”.

Mancuso se ofreció a dialogar con los reductos de los bandos paramilitares que aun operan en el país: las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. En ambos casos cumplirá con su rol como negociador y gestor de paz que le otorgó el Presidente Petro. 

¿Podemos esperar que Mancuso cumpla sus promesas y su gestión como agente de paz? Es cierto que sobre él pesan 390 procesos judiciales pendientes y que su pasado criminal lo hace un sujeto poco fiable. Pero al menos, él ha pagado condena y ha confesado su responsabilidad como actor de la guerra. Hay muchos personajes que siguen ejerciendo su poder impunemente en las altas esferas de la política y que a la sazón, deben estar aterrorizados por las prontas revelaciones de su antiguo compinche y compañero de armas. 

¿Quién dio la orden? Mario y Elsa, 26 años de impunidad

 Por Elvira Sánchez-Blake

 

Mario y Elsa, ambientalistas del Cinep asesinados el 19 de mayo de 1997.

El 19 de mayo se cumplen 26 años de impunidad del crimen cometido contra Mario Calderón, Elsa Alvarado y de su padre, Carlos Alvarado. Este hecho que constituye uno de los miles de asesinatos contra personas que trabajaban por la defensa del medio ambiente, las causas sociales y las comunidades, cobra vigencia ante el testimonio del jefe exparamilitar, Salvatore Mancuso.

 

Las declaraciones de Mancuso ante la JEP, constatan un asunto gravísimo: la connivencia de la fuerza pública, empresarios  y Estado con los grupos paramilitares con el fin de eliminar  a todos aquellos que se opusieran a los intereses de estos grupos. El testimonio de Mancuso destaca que estas acciones se ejecutaban bajo la presunción de combatir a la guerrilla y de eliminar sus redes de apoyo, pero en realidad, el propósito iba dirigido a apropiarse de territorios estratégicos para controlar el mercado y las rutas del comercio de drogas.  El antiguo jefe de uno de los bloques más sanguinarios de las autodefensas ha revelado que sus operaciones fueron apoyadas con entrenamiento,  armamento, logística, tropas y financiación por parte de los gobiernos de turno y de compañías de gran envergadura del país.

 

El testimonio de Mancuso me permitió reconocer detalles precisos que hacen parte de la investigación que realicé para el libro Suma Paz: La utopía de Mario Calderón y Elsa Alvarado (Icono, 2001).  En particular, constaté que los guerrilleros del EPL se unieron a las Autodefensas como condición a su proceso de desmovilización. Eso explica por qué Don Berna, quien fuera guerrillero del EPL, trabajó bajo las órdenes de Carlos Castaño coordinando la ejecución del crimen a través de la banda de sicarios, La Terraza. Además, Mancuso afirmó que Tierralta, Córdoba, fue una zona estratégica de las operaciones de las AUC y reconoció que los Embera Katíos  fueron víctimas de una campaña de exterminio por oponerse al proyecto hidroeléctrico de Urrá.  Mario Calderón, gran defensor de estos grupos indígenas y de su derecho a ocupar las tierras que le pertenecían desde siempre, se oponía a la construcción de la represa, razón por la cual recibió amenazas y se vio obligado a huir de Tierralta tras el atroz asesinato de su compañero de parroquia, Sergio Restrepo Jaramillo en 1989.

Mancuso menciona que las organizaciones de derechos humanos generaron incomodidad al denunciar los crímenes de los paramilitares ante instancias internacionales. Esto confirma la teoría de que el Cinep fuera considerado como un objetivo militar y que el asesinato de Mario Calderón, uno de sus miembros más visibles, obró como una advertencia y represalia dirigida al Centro jesuita. Al referirse a la colaboración  de entidades gubernamentales como la fiscalía y el DAS, que brindaban inteligencia y apoyo a las acciones paramilitares, se comprende por qué los sicarios ejecutaron el crimen utilizando uniformes de la CIT de la Fiscalía. Un asunto en particular fue el destino del celular que uno de los sicarios olvidó en la portería del edificio tras cometer el crimen. El rastreo del celular se utilizó para desviar la investigación hacia otros posibles culpables, cuando en realidad, ahora se comprueba que los miembros de la Fiscalía estuvieron involucrados. Queda claro además, que esta operación fue coordinada por el Bloque Capital, al cual también se refirió el jefe paramilitar.

Cuando Mancuso habla de las alianzas con el Departamento Administrativo de Seguridad- DAS, y de la participación de sus directivas en la interceptación de llamadas, seguimientos y de información de inteligencia militar,  se confirman las persecuciones que sufrieron muchos de los miembros del Cinep. Todo esto ratifica la participación tanto del DAS como de la Fiscalía en la ejecución del crimen, dos organismos del Estado con amplio accionar y relación directa con las estructuras criminales de la época. En su testimonio Mancuso reconoce que ellos acataban órdenes de instancias gubernamentales, militares y empresariales. Bajo su directriz, se ejecutaron numerosos  asesinato de líderes, estudiantes, profesores, periodistas y cualquier sospechoso de estar en desacuerdo con su ideología y de constituir un impedimento en el control social y territorial por parte de estos grupos.

 

El testimonio de Mancuso destapa el entramado de las relaciones paramilitares con miembros del Estado y de las fuerzas militares. En varias instancias se refiere a la colaboración de Pedro Juan Moreno Villa, Secretario del gobernador de Antioquia de la época, Álvaro Uribe Vélez. Según el exparamilitar,  Pedro Juan era amigo cercano y colaborador de las autodefensas; visitaba a menudo a Castaño, y les proporcionaba información, listas de objetivos militares y armamentos. También señala a José Miguel Narváez, instructor de la Escuela Superior de Guerra y posterior subdirector del DAS, quien era el encargado de llevar las listas de los señalados a Carlos Castaño. La referencia a las fincas en San Pedro de Urabá y a las Convivir de la zona, como centro de operaciones donde se planeaban los asesinatos y se definían las estrategias criminales coincide con la información de varios testigos de estos eventos. Fue en una finca de San Pedro de Urabá donde se dio la orden de los asesinatos de las cuatro personalidades que se cometieron entre 1997 y 1999: Mario Calderón, Eduardo Umaña Mendoza, Jesús María Valle y Jaime Garzón.  La pregunta crucial de quién dio la orden aún sigue sin respuesta. 

 

El caso de Mario y Elsa es uno entre miles de miles de asesinatos, masacres y desapariciones que han ocurrido en el país por cuatro décadas. Las declaraciones de Mancuso como aspirante a ser acogido por la Jurisdicción Especial para la Paz coinciden con denuncias y testimonios de muchos de los implicados y con las investigaciones realizadas por el centro de Memoria Histórica y el reporte de la Comisión de la Verdad. Por eso es creíble, aunque no deje de ser condenable. 

 

Es escalofriante comprobar que hemos vivido en un país donde se han cometido atrocidades comparables a las del holocausto nazi. Desde hornos crematorios, asesinatos selectivos, fosas comunes, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y persecuciones implacables contra líderes sociales y defensores del medio ambiente.  

 

En mi libro Suma Paz: La utopía de Mario Calderón y Elsa Alvarado destaco la importancia de conocer la verdad como un camino para sanar el dolor de este y otros casos donde aún reina la impunidad. Las declaraciones de Mancuso brindan un valioso aporte  para desentrañar las causas y dinámicas que operaron y que aún persisten en las estructuras político militares del país.  

El miedo a la verdad

 Por Elvira Sánchez-Blake

 

Muy significativo el acto de entrega del informe final de la Comisión de la verdad el pasado 28 de junio, en la que su presidente, Francisco de Roux hizo un llamado a todos los colombianos para trabajar sobre la paz GRANDE a través de las recomendaciones que se hacen en el documento.  El mensaje de de Roux fue explícito sobre la importancia de conocer la verdad como mensaje de esperanza para un futuro que resume el título del informe: “Hay futuro si hay verdad”.

 

Sin embargo fue muy notoria la ausencia de representantes del gobierno, de las fuerzas armadas y de los sectores económicos del país. El acto ni siquiera se transmitió por las cadenas nacionales del país. Solo por YouTube e Instagram. Confirma una vez más la escisión de los colombianos frente a los temas de paz y el miedo a reconocerla. El sacerdote hizo énfasis sobre este asunto, al afirmar que existe un gran sector de la población que no se ha enterado de los efectos de la guerra en Colombia por indiferencia o por indolencia.  Es esta misma clase de personas los que estuvieron ausentes y ajenas al acto y las mismas que por un temor generalizado extienden un manto de silencio ante el reto de conocer la Verdad.

 

No es de extrañar que las preguntas que pronunció Francisco de Roux durante la ceremonia continúen flotando en el imaginario colectivo:

 

¿Por qué el país no se detuvo para exigir a las guerrillas y al Estado parar la guerra política desde temprano y negociar una paz integral? ¿Cuál fue el papel del Estado y las instituciones que impidieron y más bien promovieron el conflicto armado? ¿Dónde estaba el Congreso, dónde los partidos políticos? ¿Hasta dónde los que tomaron las armas contra el Estado calcularon las consecuencias brutales y macabras de su decisión?

 

Estas preguntas fueron guía de la investigación que acometieron los once comisionados para producir un documento de 896 páginas de hallazgos y recomendaciones. No obstante muchas de las preguntas no tienen respuesta y siguen sin resolver.

 

Y es que el esclarecimiento de la verdad ha sido un trabajo arduo y difícil. Los comisionados han trabajado por cuatro años con un método riguroso y un equipo especializado en la recolección de testimonios a víctimas, actores armados, estamentos públicos, privados y empresariales, fuerzas militares, gobernantes y exgobernantes, y a todos se les han dado las mismas oportunidades de expresar y reconocer sus verdades. Uno de los aportes más valiosos ha sido la inclusión de un capítulo sobre la violencia sexual y de género y de los representantes de los LGBTIQ, algo que no había ocurrido antes en ningún informe de este tipo. Cabe mencionar que los informes sobre la verdad en países como Argentina, Guatemala, El Salvador, Chile y Suráfrica realizados después de guerras civiles incruentas, han sido decisivos en llevar a la estabilidad a estas naciones.

 

De Roux señaló con vehemencia a todos los actores violentos, comenzando por los actos macabros cometidos por la guerrilla, así como las masacres de los paramilitares, al tiempo que reprochó la impavidez de la gente que veía en los noticieros estos hechos como parte de lo que llamó “una novela barata”. Igualmente se refirió a los llamados Falsos Positivos como actos execrables cometidos por las fuerzas armadas para responder a las demandas de altos funcionarios que pedían bajas de subversivos. Dijo: “Diez muertos es malo, Cien es macabro, pero 6.400 es execrable”. El informe destaca que el Estado “usó la lógica del enemigo para justificar los homicidios de personas en condiciones de indefensión”.

 

El reto que tiene por delante la Comisión es hacer que la gente lea, vea, escuche y se entere sobre las revelaciones del informe. Este es un trabajo casi tan maratónico como el realizado hasta ahora por los comisionados y los recolectores de datos. Y es que en Colombia se niega a conocer y a aceptar la historia del conflicto, y se pasa por encima de los muertos y asesinatos con la misma indolencia con que se apoya o se concede a los poderosos la prerrogativa de controlar y decidir sobre la vida humana. 

 

¿Qué sigue ahora? El trabajo de sanar y restablecer una convivencia armónica continúa.

La tarea pendiente es concientizar a la ciudadanía para que comprenda que todos somos parte de esta verdad amarga que destapa el informe: hemos sido víctimas y victimarios por acción y por omisión al presenciar tantos actos horrendos que sucedían a nuestro alrededor sin mosquearnos y sin condonarlos. Las preguntas que pronunció de Roux deben al menos hacernos pensar y reflexionar:

 

¿Qué hicieron los líderes religiosos, los educadores, los jueces y fiscales que dejaron acumular la impunidad? ¿Qué papel jugaron los formadores de opinión y los medios de comunicación? ¿Cómo nos atrevemos a dejar que pasara y a dejar que continúe?  Y yo me pregunto, ¿Hasta cuándo seguiremos dando la espalda a la verdad con el silencio, la indolencia y la apatía?

 

            Las palabras que resuenan y hacen eco en múltiples medios, debería al menos hacernos reaccionar:

Si hiciéramos un minuto de silencio por cada una de las víctimas del

conflicto armado, el país tendría que estar en silencio 17 años.

Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad.

 

El informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad fue dado a conocer en una plataforma multimedia fácil de acceder y de ver, leer o escuchar, con el objeto de facilitar la difusión de sus hallazgos. Los archivos impresos y digitales quedarán alojados en el Museo de la Memoria con el fin “de ser parte del relato histórico del país y hacerse memorable para su población”.

 

 https://www.comisiondelaverdad.co/

https://www.youtube.com/watch?v=2Ap2gWBIeT0

 

 

 

Los factores de persistencia

 Las declaraciones de Mancuso y de Timochenko ante la Comisión de la Verdad

Por E. Sánchez-Blake

                                                                            (https://www.kienyke.com)

Los jefes máximos de las Farc y de las Autodefensas tuvieron la oportunidad de revelarle a los colombianos las verdades ocultas de la confrontación armada ante la Comisión de la Verdad. En el proceso salió a la luz que en el intento de tomarse el poder por medio de la lucha armada, las Farc le dieron la excusa perfecta a los paramilitares para asumir  el poder a través de la parapolítica que gobernó en la primera década del dos mil.

 

Salvatore Mancuso reveló que las Autodefensas nacieron como respuesta a las extorsiones de la guerrilla y con el propósito de combatirlas se fueron creando redes de apoyo a través de pactos y acuerdos desde un despacho, desde una oficina o desde un club entre los gremios económicos, los militares y los políticos. El objetivo inicial de defenderse de la guerrilla y fortalecer la institucionalidad derivó en el horror de la guerra.  Y con el apoyo de estos sectores los paramilitares se encargaron de nombrar alcaldes, designar gobernadores regionales,  elegir parlamentarios y “hasta el presidente”.

 

Salvatore Mancuso describió su rol en el entramado de la guerra como uno de los “factores de persistencia” diseñado para prologar el conflicto. El  antiguo jefe de las Autodefensas del Bloque Norte del departamento de Córdoba dio a conocer el modus operandi del proyecto político económico militar que volcó al país en la confrontación sangrienta de los años noventa y que continúa en los dos mil. Aseguró además que el conflicto armado seguirá vigente sin importar los acuerdos de paz o los pactos entre los actores armados, porque el sistema está diseñado para que se mantenga la guerra y el narcotráfico en el país, gracias a lo que él denominó los factores de persistencia.

 

Las declaraciones del líder de las autodefensas, Salvatore Mancuso y el líder de las Farc, Rodrigo Londoño, ante la Comisión dejan muchas inquietudes. Para nadie fue sorpresa escuchar que ellos se consideraban víctimas de la guerra. Londoño recordó que las guerrillas surgieron como respuesta a la violencia bipartidista de los años cincuenta y la injusticia en la distribución de las tierras. Su propia familia fue víctima de la persecución y el desplazamiento.  Mancuso atribuyó su participación en las AUC cuando pidió apoyo del Estado ante las permanentes amenazas de extorsión y secuestro por parte de las Farc. En lugar de recibir el apoyo deseado, fue reclutado para servir como informante y ficha clave para combatir la subversión.

 

Nadie se extrañó ante la confirmación de que tanto la guerrilla como las autodefensas hicieron pactos con el narcotráfico para financiar y mantener su lucha armada. Ni que en los dos casos, el control territorial se convirtió en el objetivo principal de la lucha armada, bajo pretextos de lucha antisubversiva y de tomarse el poder político. En ambos casos, primó la ambición desmedida de ambos bandos y los intereses particulares.

 

Lo que sí llama la atención es el papel preponderante que Mancuso atribuyó al Estado. Sin dar nombres ni datos específicos, en varias instancias se refirió a las reuniones que sostenía con gobernadores, alcaldes, comandantes de brigada, empresarios y políticos y a las órdenes impartidas en clubs, despachos y oficinas gubernamentales. De acuerdo con su testimonio, ellos recibían listas de los sujetos señalados para ser eliminados, entre los que se contaban líderes sociales, jefes de sindicatos, profesores y periodistas.

 

Mancuso se refirió al rol que desempeñó como Comisario político del proyecto político económico militar que se conformó en los años noventa .  Su misión consistía en recoger información y transmitirla al Estado.  Él le respondía a los jefes militares y paramilitares (los Castaño). Señaló la importancia que jugaron las Convivir, como engranaje entre la institucionalidad y la autodefensa ilegal (conformada por los bloques que se formaban en distintas zonas del país). A través de ese sistema se definían las “operaciones especiales” con el propósito de llevar expansión económica a las zonas productivas. Estas acciones incluían el despojo territorial de campesinos y pequeños agricultores en beneficio de empresarios, políticos y narcotraficantes que se quedaban con las tierras desposeídas. La expropiación y subsiguiente titulación se ejecutaba con la anuencia de las instituciones porque las autodefensas eran los que definían los cargos políticos y administrativos  a todo nivel, incluso en las más altas instancias gubernamentales.

 

Al ser interrogado sobre su papel en la eliminación de los miembros de la Unión Patriótica, respondió que el responsable de esa operación fue el Estado. Explicó que la motivación principal era el temor de que el país se convirtiera en otra Cuba. Se refirió además a la necesidad de lograr el poder para dar “solución a  la problemática de las regiones”.  Las supuestas problemáticas era la intromisión de los ideólogos que según su criterio ayudaban y apoyaban a las Farc. Por eso las AUC se tomaron las instituciones y las universidades, donde se creía que abundaban los infiltrados de la guerrilla.

 

Por su parte, el exjefe de las Farc admitió que el objetivo de la guerrilla era tomarse el poder político. La gran frustración fue que nunca lo lograron. En el proceso de lograr un cambio en las estructuras del país y con la caída del muro de Berlín, se vieron obligados a financiar su lucha por varios medios: secuestro, extorsión y finalmente alianzas con el narcotráfico. Lo paradójico es que los paramilitares lograron lo que no pudo la guerrilla, tomarse el poder político a través de la famosa parapolítica que tuvo su auge en la administración que gobernó el país del 2002 al 2010.

 

Los líderes de los bandos que mantuvieron el país en una confrontación sangrienta por varias décadas se mostraron humildes y pidieron perdón a sus víctimas ante la mirada incólume de Francisco de Roux y de miles de espectadores que siguieron la transmisión por Youtube. Al final queda flotando en el aire una serie de preguntas incómodas. ¿A quién se refiere Mancuso cuando nombra al Estado como el cerebro principal en esta guerra? ¿Quiénes son los que mantienen el proyecto político económico militar todavía vigente? ¿Qué factor juega el narcotráfico en todo ese entramado? Cabe la ligera esperanza de que al conocer las “verdades” de estos sujetos se develen los factores de persistencia que continúan activos desde los núcleos del poder y se destapen a los ejecutores que continúan el mismo esquema de perseguir, amedrentar y aterrorizar las regiones donde se urden los intereses económicos y políticos.

 

 

 

 

Y derribaron estatuas

Elvira Sánchez-Blake                                                                                                             

Las estatuas de los colonizadores son la expresión del racismo, la discriminación y la violencia estructural en contra de los pueblos indígenas.

Óscar Montero, líder kankuamo

                                            

El derrumbe de monumentos a conquistadores  que ocupaban lugares principales en grandes ciudades de Colombia ha llamado la atención por su gran simbolismo. Pese a que muchos se rasgan las vestiduras apelando al valor artístico, el patrimonio cultural y al legado histórico, es admirable la osadía de quienes revierten el discurso histórico, rescatan el patrimonio ancestral y desmontan el legado colonialista que sigue vigente en Colombia.

 

Derribar estatuas es visto como un acto de agresión y vandalismo. Sin  embargo, es una acción de un alto valor simbólico. Los monumentos a Gonzalo Jiménez de Quesada y a Sebastián de Belalcázar pretendían enaltecer el hecho de ser los fundadores de las ciudades de Bogotá y de Cali respectivamente. Pero eso es una falacia. Estos hombres no fundaron. Ellos invadieron, despojaron y arrasaron las ciudades y culturas que ya existían en estos lugares y arrancaron las raíces étnicas a sus pobladores. Al desmontar las estatuas, se está reivindicando el pasado histórico verdadero y subvirtiendo el significante del significado con que se ha querido perpetuar el genocidio de la colonización.

 

Las protestas que han surgido en Colombia en mayo del 2021 son un reflejo del estallido social de un país que no aguanta más: despojos, humillaciones, injusticias y desmedro de los derechos humanos. Se revela un despertar de conciencia de doscientos años de opresión. Como parte de esta conciencia, las nuevas generaciones ven en los monumentos que adornan las grandes ciudades un legado de esa invasión perpetua, y comprenden que estas estatuas no nos representan ni poseen el valor que se les ha atribuido. Los indígenas de la comunidad misak se atrevieron a derrumbar las estatuas de los invasores y con ello han sentado un mensaje sin precedente: descabezaron al agresor.

 

Los monumentos que exaltan el pasado de invasión y la violencia que nos despojó de la cultura original no merecen un espacio público ni pueden ser considerados patrimonio cultural de un pueblo.  Los indígenas reivindican sus derechos y su cultura al derribar los símbolos de quienes borraron su historia. Sobre la razón del derrumbe de estatuas, el líder kankuamo Óscar Montero, expresó: “Los pueblos indígenas piden la apertura de un debate público junto a las instituciones gubernamentales, así como la reubicación de las estatuas de los conquistadores que están en las plazas públicas para que se narre la historia no contada” (AP, 7 de mayo, 2021).

 

El desmonte de monumentos ha ocurrido en momentos estelares de países en que se produce un cambio de esquemas. Así sucedió cuando la estatua de Sadam Hussein fue derribada durante la guerra de Iraq y fue objeto de ovaciones por parte de la comunidad internacional. En Estados Unidos se derribaron estatuas de los presidentes esclavistas en respuesta al asesinato de George Floyd el verano pasado. La población afroamericana se rebeló contra el sistema racista que perpetua los símbolos de un pasado de opresión extrema. Un gran segmento de la población norteamericana aplaudió estos actos como reivindicación de los derechos afros y humanos.

 

Los colombianos que se dan golpes de pecho por la agresión contra las estatuas deberían condolerse de los jóvenes que han sido asesinados, de las mujeres violadas, de la persecución contra lideres sociales. Condenen los abusos de la fuerza pública y la violencia de todos los frentes que han suscitado las marchas en Colombia. Los que consideran que derribar estatuas son actos vandálicos, los invito a pensar en las acciones que cometieron los sujetos de las estatuas: conquistadores que entraron sin permiso en una tierra que no les pertenecía, despojaron a sangre y fuego, agredieron, expropiaron y aniquilaron toda una civilización, al punto de que no tenemos conciencia real de quienes fueron nuestros verdaderos antecesores. Más grave aún es que después de un proceso de independencia, los esquemas de la colonización continúen en vigor en manos de lo que Ricardo Silva Romero llama “macrocolombianos”:

 

Ha sido increíble que una vez desterrado el imperio se hayan dado e instalado estas élites armadas con sus aires de amos, de colonialistas, de arios, de predestinados, de escoltados. Son macrocolombianos, sí, han vivido y resucitado con un sexto sentido para hacer trizas todas las reformas urgentes que han hecho en busca de reconocimiento político… y han mirado con miedo, con asco, con sorna y con desdén  –como cumpliendo una misión, han saboteado la democracia propuesta desde la Constitución de Rionegro hasta el acuerdo de paz con las Farc— y han impedido que sea claro que Colombia no es un problema práctico, sino histórico (El Tiempo, 13 de mayo 2021).

 

La protesta en Colombia es el resultado de todas estas macropoliticas erradas en manos de élites como las que describe Silva Romero. El estallido social  refleja el descontento de un pueblo oprimido y cansado de tantos desmanes. No es de extrañar que derriben las estatuas y símbolos que perpetúan estos modelos de dominación.

 

 

El régimen de la democradura

Por Elvira Sánchez-Blake

El 3 de mayo del 2020 la Revista Semana reveló un informe por el cual la alta cúpula del Ejército colombiano ha realizado interceptaciones y chuzadas a periodistas, ONGS, magistrados y abogados que investigan o reportan sobre derechos humanos o que denuncian las acciones indebidas de las autoridades. 

Ejército colombiano ejecutó durante 2019 un programa masivo de espionaje que terminó con la eleboración de más de 130 perfiles de periodistas, defensores de derchos humanos, políticos, militares y hasta altos funcionarios de la Casa de Nariño.
 

Este es uno más de los escándalos que resurgen en el país cada cierto tiempo sobre este tipo de eventos. En este caso llama la atención la interceptación de periodistas extranjeros, como es el caso de Nicholas Casey, del New York Times, quien denunció el resurgimiento de los Falsos Positivos en mayo del 2019.  El organigrama descubierto entre los documentos del Ejército sobre el periodista era tan detallado y sucinto, con información sobre todos sus pasos, conexiones, amigos, familia, y relacionados, que pone los pelos de punta. 

El mismo esquema revela en detalle el seguimiento a 30 periodistas entre nacionales y extranjeros.  Entre ellos, se contaban corresponsales estadounidenses que reportan sobre Colombia  para medios como NPR o Wall Street Journal.  Las carpetas descubiertas ponen al descubierto detalles de la vida privada de los perfilados, tales como contactos familiares, amistades, dirección, teléfono y hasta las multas de tránsito. Lo significativo del caso es que mientras los periodistas colombianos se han habituado a  operar bajo amenazas y seguimientos, los reporteros internacionales no habían sido blanco de estas chuzadas.  Las carpetas de seguimientos incluyen también a abogados del Colectivo Alvear Restrepo,  al director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, y a magistrados de la Corte a cargo de casos judiciales de altas personalidades políticas.

Pero, igual que sucedió hace treinta años cuando mataron a Luis Carlos Galán, a Bernardo Jaramillo,  a Héctor Abad Gómez, o hace 23 años, a los ambientalistas del Cinep, Mario Calderón y Elsa Alvarado;  a los penalistas, Jesús María Valle y Eduardo Umaña,  al humorista Jaime Garzón, y más recientemente, a los líderes sociales, no pasa nada.  Como bien señala el reportaje de Semana: “el Ejército ha soportado varios graves escándalos. Todos han estado involucrados, directa o indirectamente, en operaciones cuestionables. Cuando estas quedan al descubierto y estalla el escándalo, siempre ocurre lo mismo: los integrantes son trasladados a puestos administrativos por sus jefes mientras la marea del escándalo baja y meses después regresan para comenzar un nuevo encargo.”

Lo más alarmante del caso es que estos escándalos solo ahondan la polarización del país. Mientras unos se alarman ante las revelaciones, son más los que apoyan este tipo de interceptaciones bajo el infame argumento, “no importa lo que hagan los militares si salvan al país del 'comunismo'”. Este argumento es tan perverso porque sirve para justificar cualquier actuación indebida por parte de la institución a cargo de salvaguardar al país.  La continua acusación de ”izquierdistas” a personas que se ocupan de  reportar abusos de violencia o de derechos humanos, así como de defender a poblaciones marginadas, ha sido causal y motor de una gran cantidad de crímenes que se cometen y se siguen cometiendo en el país. Es la justificación perfecta para seguir perpetuando la supervivencia de una “democradura” (democracia-dictadura), término acuñado por Javier Giraldo para denominar  un modelo de estado que impone un régimen de dictadura bajo una fachada de democracia.

Los que piensan que el Estado de derecho se rige por la persecución a periodistas, abogados, juristas que denuncian las violaciones  de derechos humanos y combaten las arbitrariedades de las autoridades, bajo la supuesta defensa contra el “comunismo” están muy equivocados.  Esta es una falacia indecente y por sobre todo, una manipulación de las conciencias, de las mentes débiles, mal informadas, y ausentes de criterio propio.  Ya basta de los sofismas de distracción que pretenden defender a los “buenos” de los peligros del “comunismo”.   Las interceptaciones ilegales por parte de las altas esferas de los mandos militares es un acto execrable que merece los máxima condena por parte de todos los segmentos de la población. No hay excusa para tanto cinismo.

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[1] https://www.semana.com/nacion/articulo/the-new-york-times-responde-a-los-seguimientos-del-ejercito-colombiano/667721.

El retorno de los falsos positivos

Por Elvira Sánchez-Blake

Hace aproximadamente diez años comenzaron a surgir rumores sobre ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército colombiano. Se ha comprobado que más de 2,500 jóvenes inocentes fueron eliminados y reportados como guerrilleros muertos en combate. Esta práctica conocida como falsos positivos pagaba incentivos y otorgaba estímulos como promociones y ascensos  a los militares por presentar resultados en la lucha contra la subversión. Actualmente se reconoce como una de las acciones más funestas de la administración de la época con secuelas lamentables en la sociedad. Las investigaciones en contra de los oficiales implicados han dado cuenta de los horrores cometidos. Aunque se han procesado a algunos oficiales, la gran mayoría de los implicados, especialmente los altos mandos que ordenaron las ejecuciones, permanecen en la impunidad.

Resulta increíble pensar que estas ejecuciones están retornando al escenario colombiano por el mismo Ejército, con la misma impunidad y amparadas por el actual gobierno, que no es más que una continuidad del mismo que fungió en la primera década del dos mil. Esta información fue difundida primero por el New York Times el 18 de mayo pasado. La denuncia realizada por el reportero Nicholas Casey en un diario de la magnitud de NYT provocó escándalo y controversia. Por supuesto, el gobierno y sus aliados (Ma. Fernanda Cabal con su acusación en contra del reportero del NYT, a quien acusó de recibir pago de las FARC), y los militares, se rasgaron las vestiduras en defensa de la democracia y de la integridad de las instituciones. El reportaje también generó turbulencia en los medios, especialmente en la Revista Semana con el despido del columnista Daniel Coronell, por haber revelado el mal manejo de la revista con respecto a esta información. Felizmente, Coronell fue reincorporado y la revista publicó un extenso reportaje que tituló "Operación Silencio" con toda la información relativa al caso en su edición del 23 de junio pasado.

Lo que Semana reveló resulta muy preocupante: la existencia de directrices por parte de la alta cúpula militar para duplicar resultados de bajas de subversivos.  Dichas órdenes habrían sido emitidas por el Comandante del Ejército, general Nicacio Martínez.  Al ser interrogado por la Revista Semana, este último se revistió de dignidad y furor patriótico para replicar  que todas las acusaciones emitidas son calumnias. Llama la atención que el vocablo más repetido en todas sus respuestas fue falso, falso, y falso. Suena tan falso como los falsos positivos que no tienen nada de falso ni de positivo y en cambio, mucho de cierto  y de negativo. Incluso, se atrevió a argumentar que “el Código Penal no contempla dentro de sus delitos penales alguno denominado como ejecución extrajudicial o falso positivo”.  No quedó claro si esta era una justificación para demostrar que las ejecuciones de este tipo no son un delito.

Las declaraciones de Martínez recuerdan las réplicas de autoridades castrenses desde el siglo pasado empeñadas en negar la realidad visible: “en este pueblo no ha pasado nada, ni está pasando nada, ni pasará nunca. Este es un pueblo feliz”.  Pareciera una línea sacada del realismo mágico, o quizás lo es, porque lo que reproduce la literatura es un espejo de la realidad. En todo caso las respuestas de este ilustre oficial fueron tan insulsas y mostraron tal desfachatez que no merecen sino escarnio y repudio total.

El retorno de los mal llamados “falsos positivos”, que en realidad son “ciertos negativos” porque niegan el derecho a la vida de manera certera a jóvenes inocentes, coincide con la campaña contra los líderes sociales que ocurre día a día amparados por las autoridades locales, regionales, militares y administrativas  a lo largo y ancho del país. Pese a las denuncias de la ONU, Amnistía Internacional y más recientemente, del director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, sobre pruebas fehacientes de esta persecución, la lista de asesinatos va en más de 300 desde el 2016. Da la impresión de que estas dos acciones se unen bajo el mismo lente. Es decir que los objetivos de masacrar a los líderes sociales y duplicar resultados militares están amparados por los mismos sujetos. ¿Qué tipo de autoridad va a impedir los crímenes de líderes sociales y defensores de derechos humanos si ellos son los mismos que aparecen en las listas de los militares?  Vale reconocer que estas informaciones se conocieron gracias a la denuncia de valientes oficiales que se negaron a  cumplir las órdenes y que todavía permiten confiar en la integridad de la institución castrense. Lo deplorable del asunto es que estos oficiales también están siendo  amenazados como lo reveló Semana en la misma edición.

Por fortuna, hay sectores que están haciendo un esfuerzo por defender a los líderes sociales por medio de plantones, comunicados, redes sociales y encuentros, en los que se busca crear conciencia sobre lo que está pasando. En días pasados se celebró un encuentro propiciado por la Comisión de Esclarecimiento de los Líderes Sociales. Gonzalo Sánchez dio a conocer un acertado resumen de las discusiones, en las que destaca los factores que prevalecen en la campaña contra defensores de derechos humanos:

1.     La primera es que esta campaña es de larga duración que trasciende gobiernos. Se trata de una crisis estructural de democracia y de participación. Un déficit de democracia que se expresa en exclusiones y muertes, y que solo se resuelve, arguyeron muchos, con cambios de fondo en las estructuras participativas del Estado.

2.     El segundo es que es un tema inherente al régimen político: la criminalización de la protesta sirvió por décadas para justificar toda forma de arbitrariedad como el hostigamiento judicial o peor aún con el asesinato de simples disidentes.

3.     El tercero, el heterogéneo universo de las víctimas:  líderes sociales, de derechos humanos, ambientalistas, erradicadores de coca y desmovilizados excombatientes. Todo ellos amparado de una palpable tolerancia social, política y a menudo, institucional, de los crímenes[1].

Estos factores ayudan a comprender que estas persecuciones hacen parte de una estrategia sistemática que aqueja al país en sus cimientos. Según Gonzalo Sánchez,  “la criminalidad organizada es el aparato más coercitivo dominante de cada vez más territorios, que por negligencia o convivencia, el aparato estatal, no ha podido o querido desvertebrar.”  Esto explica el retorno de los falsos positivos y el clima de incertidumbre al que estamos abocados de nuevo.  Yo diría que más desafortunado es "la palpable tolerancia social, política e institucional".  Esto se refleja en la ceguera inexcusable de un gran sector de los colombianos que viven en desconocimiento, ignorancia y apatía ante las fuerzas que siguen manteniendo al país en un estado de violencia generalizada y de completa impunidad.

Referencias

Casey,  Nicholas. “Colombian Army’s New Kill Orders Send Chill Down Ranks”. The New York Times. May 18, 2019. https://www.nytimes.com/2019/05/18/world/americas/colombian-army-killings.html

Sánchez, Gonzalo. “Líderes sociales: el vidrio roto de la paz”. Revista Semana. Junio 18, 1019.  https://www.semana.com/opinion/articulo/lideres-sociales-el-vidrio-roto-de-la-paz/620195.

Revista Semana. “Operación silencio”.  Edición, 23 de junio, 2019. https://www.semana.com/nacion/articulo/operacion-silencio-amenazas-y-presiones-sobre-los-militares-que-hablan-de-falsos-positivos-en-la-jep/620661

Vivanco, José Miguel. "Human Rights Watch cuestiona datos sobre baja de crímenes de líderes sociales en Colombia". Sputnik. Junio, 15, 2019.
https://sptnkne.ws/mEsQ

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[1] Sánchez, Gonzalo. “Líderes sociales: el vidrio roto de la paz”. Revista Semana. Junio 18, 1019.