El retorno de los falsos positivos

Por Elvira Sánchez-Blake

Hace aproximadamente diez años comenzaron a surgir rumores sobre ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército colombiano. Se ha comprobado que más de 2,500 jóvenes inocentes fueron eliminados y reportados como guerrilleros muertos en combate. Esta práctica conocida como falsos positivos pagaba incentivos y otorgaba estímulos como promociones y ascensos  a los militares por presentar resultados en la lucha contra la subversión. Actualmente se reconoce como una de las acciones más funestas de la administración de la época con secuelas lamentables en la sociedad. Las investigaciones en contra de los oficiales implicados han dado cuenta de los horrores cometidos. Aunque se han procesado a algunos oficiales, la gran mayoría de los implicados, especialmente los altos mandos que ordenaron las ejecuciones, permanecen en la impunidad.

Resulta increíble pensar que estas ejecuciones están retornando al escenario colombiano por el mismo Ejército, con la misma impunidad y amparadas por el actual gobierno, que no es más que una continuidad del mismo que fungió en la primera década del dos mil. Esta información fue difundida primero por el New York Times el 18 de mayo pasado. La denuncia realizada por el reportero Nicholas Casey en un diario de la magnitud de NYT provocó escándalo y controversia. Por supuesto, el gobierno y sus aliados (Ma. Fernanda Cabal con su acusación en contra del reportero del NYT, a quien acusó de recibir pago de las FARC), y los militares, se rasgaron las vestiduras en defensa de la democracia y de la integridad de las instituciones. El reportaje también generó turbulencia en los medios, especialmente en la Revista Semana con el despido del columnista Daniel Coronell, por haber revelado el mal manejo de la revista con respecto a esta información. Felizmente, Coronell fue reincorporado y la revista publicó un extenso reportaje que tituló "Operación Silencio" con toda la información relativa al caso en su edición del 23 de junio pasado.

Lo que Semana reveló resulta muy preocupante: la existencia de directrices por parte de la alta cúpula militar para duplicar resultados de bajas de subversivos.  Dichas órdenes habrían sido emitidas por el Comandante del Ejército, general Nicacio Martínez.  Al ser interrogado por la Revista Semana, este último se revistió de dignidad y furor patriótico para replicar  que todas las acusaciones emitidas son calumnias. Llama la atención que el vocablo más repetido en todas sus respuestas fue falso, falso, y falso. Suena tan falso como los falsos positivos que no tienen nada de falso ni de positivo y en cambio, mucho de cierto  y de negativo. Incluso, se atrevió a argumentar que “el Código Penal no contempla dentro de sus delitos penales alguno denominado como ejecución extrajudicial o falso positivo”.  No quedó claro si esta era una justificación para demostrar que las ejecuciones de este tipo no son un delito.

Las declaraciones de Martínez recuerdan las réplicas de autoridades castrenses desde el siglo pasado empeñadas en negar la realidad visible: “en este pueblo no ha pasado nada, ni está pasando nada, ni pasará nunca. Este es un pueblo feliz”.  Pareciera una línea sacada del realismo mágico, o quizás lo es, porque lo que reproduce la literatura es un espejo de la realidad. En todo caso las respuestas de este ilustre oficial fueron tan insulsas y mostraron tal desfachatez que no merecen sino escarnio y repudio total.

El retorno de los mal llamados “falsos positivos”, que en realidad son “ciertos negativos” porque niegan el derecho a la vida de manera certera a jóvenes inocentes, coincide con la campaña contra los líderes sociales que ocurre día a día amparados por las autoridades locales, regionales, militares y administrativas  a lo largo y ancho del país. Pese a las denuncias de la ONU, Amnistía Internacional y más recientemente, del director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, sobre pruebas fehacientes de esta persecución, la lista de asesinatos va en más de 300 desde el 2016. Da la impresión de que estas dos acciones se unen bajo el mismo lente. Es decir que los objetivos de masacrar a los líderes sociales y duplicar resultados militares están amparados por los mismos sujetos. ¿Qué tipo de autoridad va a impedir los crímenes de líderes sociales y defensores de derechos humanos si ellos son los mismos que aparecen en las listas de los militares?  Vale reconocer que estas informaciones se conocieron gracias a la denuncia de valientes oficiales que se negaron a  cumplir las órdenes y que todavía permiten confiar en la integridad de la institución castrense. Lo deplorable del asunto es que estos oficiales también están siendo  amenazados como lo reveló Semana en la misma edición.

Por fortuna, hay sectores que están haciendo un esfuerzo por defender a los líderes sociales por medio de plantones, comunicados, redes sociales y encuentros, en los que se busca crear conciencia sobre lo que está pasando. En días pasados se celebró un encuentro propiciado por la Comisión de Esclarecimiento de los Líderes Sociales. Gonzalo Sánchez dio a conocer un acertado resumen de las discusiones, en las que destaca los factores que prevalecen en la campaña contra defensores de derechos humanos:

1.     La primera es que esta campaña es de larga duración que trasciende gobiernos. Se trata de una crisis estructural de democracia y de participación. Un déficit de democracia que se expresa en exclusiones y muertes, y que solo se resuelve, arguyeron muchos, con cambios de fondo en las estructuras participativas del Estado.

2.     El segundo es que es un tema inherente al régimen político: la criminalización de la protesta sirvió por décadas para justificar toda forma de arbitrariedad como el hostigamiento judicial o peor aún con el asesinato de simples disidentes.

3.     El tercero, el heterogéneo universo de las víctimas:  líderes sociales, de derechos humanos, ambientalistas, erradicadores de coca y desmovilizados excombatientes. Todo ellos amparado de una palpable tolerancia social, política y a menudo, institucional, de los crímenes[1].

Estos factores ayudan a comprender que estas persecuciones hacen parte de una estrategia sistemática que aqueja al país en sus cimientos. Según Gonzalo Sánchez,  “la criminalidad organizada es el aparato más coercitivo dominante de cada vez más territorios, que por negligencia o convivencia, el aparato estatal, no ha podido o querido desvertebrar.”  Esto explica el retorno de los falsos positivos y el clima de incertidumbre al que estamos abocados de nuevo.  Yo diría que más desafortunado es "la palpable tolerancia social, política e institucional".  Esto se refleja en la ceguera inexcusable de un gran sector de los colombianos que viven en desconocimiento, ignorancia y apatía ante las fuerzas que siguen manteniendo al país en un estado de violencia generalizada y de completa impunidad.

Referencias

Casey,  Nicholas. “Colombian Army’s New Kill Orders Send Chill Down Ranks”. The New York Times. May 18, 2019. https://www.nytimes.com/2019/05/18/world/americas/colombian-army-killings.html

Sánchez, Gonzalo. “Líderes sociales: el vidrio roto de la paz”. Revista Semana. Junio 18, 1019.  https://www.semana.com/opinion/articulo/lideres-sociales-el-vidrio-roto-de-la-paz/620195.

Revista Semana. “Operación silencio”.  Edición, 23 de junio, 2019. https://www.semana.com/nacion/articulo/operacion-silencio-amenazas-y-presiones-sobre-los-militares-que-hablan-de-falsos-positivos-en-la-jep/620661

Vivanco, José Miguel. "Human Rights Watch cuestiona datos sobre baja de crímenes de líderes sociales en Colombia". Sputnik. Junio, 15, 2019.
https://sptnkne.ws/mEsQ

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[1] Sánchez, Gonzalo. “Líderes sociales: el vidrio roto de la paz”. Revista Semana. Junio 18, 1019.