Mientras tanto se suman las detenciones y deportaciones arbitrarias. A la fecha se registran más de 400 mil deportados, según cifras del Departamento de Seguridad nacional (DHS). Estos números no incluyen a los que supuestamente se "auto-deportaron" o que fueron removidos a través de otras instancias informales.
Por otro lado, se estiman que a la fecha permanecen alrededor de 60.000 personas en los centros de detención. Muchas de ellas tienen Estatus de Protección Temporal (TPS), especialmente los migrantes de Venezuela. Asimismo, se han registrado numerosos casos de beneficiarios de DACA (Deferred Action for Children Arrivals), quienes poseen los documentos legales para permanecer en el país, pero no se les respeta su estatus legal.
Con el cierre del funcionamiento del gobierno desde finales de septiembre, la atención en los centros de detención se han visto afectadas y las condiciones ya inhumanas se han deteriorado aun más. Se estima que al menos 22 personas han muerto bajo la custodia de ICE en varias partes del país, la cifra más alta en más de 20 años.
El caso de Danny, un joven de 26 años que llegó a los tres años de edad a Florida con sus padres mexicanos, ilustra la ignominia perpretada por la actual administración en su escalada antiinmigrante. Danny creció, estudió y ahora trabaja como profesional en Arizona. Él está amparado por los documentos de DACA.
Danny salió de una fiesta en la ciudad de Tampa el pasado 24 de mayo y fue detenido por la policía. Él presentó su identificación y respondió a las preguntas del oficial. Sin siquiera realizarle la prueba de licor, recibió un DUI. Fue llevado a la cárcel y allá fue interrogado sobre su estatus migratorio. Cuando presentó sus papeles de DACA no fue tenido en cuenta, y aun después de pagar la multa, fue arrestado por ICE sin motivo.
Danny fue trasladado a varios Centros de detención en Miami, Texas y Colorado. Su madre relata que permaneció tres semanas sin saber dónde se encontraba. Cuando logró hablar con las oficinas de ICE supo que estaba en Colorado y por fin se pudo comunicar con su hijo. Ella cuenta que todo el proceso de lidiar con abogados ha sido horrendo. Los abogados le cobran citas para luego no aceptar el caso. En cada centro de detención se ve obligada a cambiar los abogados, y cada uno cobra con exceso un caso que debería resolverse fácilmente, demostrando que Danny tiene derecho legal de permanecer en el país.
Danny ha pasado por varias audiencias en agosto, septiembre y octubre, y aunque se ha demostrado su situación legal, los jueces no le han otorgado la libertad. Su madre, al borde de la desesperación lo resume así: "Lo que quieren es sacar a todos los hispanos, no importa su condición legal".
El caso de Danny ilustra claramente que las políticas antimigrantes obedecen a una cruzada racista, cuyo objetivo es eliminar y sacar del medio a la población hispana y otros grupos considerados no deseables, con el fin de imponer un mandato cada vez más autoritario y fascista.
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