Por Elvira Sánchez-Blake
Ahora sí, el magnate se lanzó con todo. Sin escrúpulos ni ambages, pasando por encima de todas las leyes y ordenanzas, en especial, la primera enmienda de la Constitución, desplegó su ofensiva feroz contra la libertad de expresión. Ya no importan las salvaguardas que históricamente han caracterizado a Estados Unidos: al gobierno y a sus lacayos solo les interesa consolidar su mandato represivo y silenciar todas las voces disidentes.
La censura alcanzó un punto álgido esta semana con la cancelación del programa del comediante Jimmy Kimmel de la cadena ABC, tras un comentario sobre el asesinato de Charlie Kirk, un personaje sobre el que se ha prohibido hablar en los medios sociales y en las cuentas de los servidores públicos, incluidos los maestros de escuelas públicas. La osadía de Kimmel le costó la salida inmediata del aire.
La ofensiva contra la libertad de expresión comenzó casi desde el principio de la administración con señalamientos y demandas contra medios como 60 Minutes, de la cadena CBS. Trump los acusó de manipular una entrevista con la candidata Kamala Harris para influir las elecciones del 2024. Es decir, algo que sucedió aun antes de asumir la presidencia. Luego, vinieron demandas arbitrarias contra grandes medios impresos como el Wall Street Journal y el New York Times. El caso del Washington Post fue más sutil, pero igual de devastador. Con el beneplácito de su dueño Jeff Bezos, desaparecieron de un día a otro los columnistas de mayor influencia, sustituidos por otros que no se atreven a criticar al mandatario y se dedican a temas banales y superfluos. El Washington Post se ha convertido en una vergüenza.
Otras ofensivas incluyen la suspensión del acceso de la agencia Associated Press a la Casa Blanca, la investigación de la Comisión Federal de Comunicaciones contra NPR y PBS, el recorte de fondos para estos medios y el cese de operaciones de la Voz de América y Radio Libre. La medida que decretó el cierre de NPR y PBS, pilares de la radio y la televisión públicas en Estados Unidos, es un ataque despiadado contra miles de emisoras de radio y canales de televisión que operan en las zonas más apartadas del país.
En mayo, el mandatario logró la suspensión del Show de Steve Colbert, con una estrategia de extorsión a la programadora Paramount, la propietaria de CBS, donde se transmitía el super popular programa nocturno. Al menos Colbert sigue su contrato hasta mayo del 2026 y su arremetida contra el mandatario es también virulenta.
Entretanto, el Wall Street Journal fue demandado por la publicación de una carta de cumpleaños enviada por Trump a su amigo Jeffrey Epstein en el que se veía una figura de mujer con la firma del mandatario. El New York Times recibió otra demanda la semana pasada por $15 billones de dólares, por difamación y por perjudicar la imagen del magnate en sus publicaciones.
La estrategia es muy acertada. Se trata de asfixiar a las corporaciones que sustentan los medios y canales por medio de demandas billonarias que no les permite subsistir. Las cadenas televisivas se han visto obligadas a acatar las órdenes de despido de sus estrellas, columnistas, periodistas renombrados y comediantes para mantenerse. Es un truco de negociante sin escrúpulos: degollar a la gallina de los huevos de oro para quedarse con los restos.
Es la misma táctica dirigida a las instituciones educativas. Universidades como Harvard, Cornell, Columbia y otras de gran prestigio, enfrentan presiones legales para acatar sus censuras que restringen la libertad de cátedra. En colleges más pequeños, las condiciones se han convertido en humillantes para los profesores, quienes deben pasar sus prontuarios y planes de estudios a la aprobación de las Juntas académicas antes de comenzar cada semestre. Además, se les ha dado carta blanca a los estudiantes de grabar sus clases en caso de cualquier “desliz ideológico”. Como es sabido, los temas de género, de clase o de esclavitud han sido prohibidos en las aulas.
Es evidente que la Primera Enmienda está en jaque como nunca antes había estado. Como señala Boris Muñoz en el diario El País, la amenaza más grande en el mundo no son las guerras, sino “la infoguerra”, la batalla global contra la información. Se trata de una guerra contra la verdad, la imposición de un relato hegemónico que controla la ideología política y la religión, en la que sus mayores víctimas son la democracia y la libertad2.
Nos encontramos en una encrucijada en que lo que está en juego es el libre albedrío. Sin libertad para pensar, actuar o expresar, el mundo se convierte en un ente monolítico, aterrorizado y las nuevas generaciones crecerán en un ambiente confuso y amordazado. Se cumplen así los designios de los grupos ultraconservadores que, como señala Muñoz, buscan “desmantelar los mecanismos de la democracia para establecer la hegemonía de un grupo de poder compuesto por multimillonarios xenófobos, antiinmigrantes y supremacistas blancos, alineados en torno a una racionalidad retrógrada”.
1https://elpais.com/internacional/2025-08-01/la-corporacion-de-medios-publicos-de-estados-unidos-cierra-por-los-recortes-de-trump.html
2https://elpais.com/us/2025-08-05/trump-contra-la-verdad-el-plan-para-silenciar-a-todos.html#?rel=mas
1 comentario:
Estimada Elvira:
Aprecio el empeño con que abordas un tema tan esencial como la libertad de expresión. Sin embargo, considero que su artículo incurre en afirmaciones que, aunque comprensibles desde la preocupación ciudadana, requieren un examen más riguroso desde el punto de vista jurídico y factual.
La Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos —lejos de estar “en jaque”— sigue siendo una de las garantías más sólidas del mundo occidental. Ninguna administración, por poderosa que sea, puede suspenderla sin la intervención del Congreso ni sin revisión judicial. En los últimos años, el propio Poder Judicial ha reafirmado su vigencia al fallar a favor de periodistas, académicos y creadores, incluso en casos donde existía tensión con el poder ejecutivo.
Por otro lado, la idea de una “ofensiva organizada” contra los medios simplifica un ecosistema mediático complejo, donde coexisten intereses corporativos, sesgos editoriales y dinámicas de mercado que trascienden a cualquier gobierno. Es cierto que existen conflictos entre figuras políticas y comunicadores, pero esos desencuentros —por más incómodos que resulten— son también una prueba del pluralismo y de la fortaleza institucional estadounidense.
Conviene recordar que la crítica política, aun la más dura, es parte del ADN democrático. La censura estatal es grave, pero también lo es la censura cultural o corporativa, cuando los grandes conglomerados mediáticos deciden qué voces amplificar o suprimir según conveniencias ideológicas o comerciales. Defender la libertad de expresión implica reconocer que su vulneración puede venir tanto desde el poder político como desde el poder económico.
Finalmente, reducir el panorama actual a una lucha entre “multimillonarios supremacistas” y “defensores de la democracia” desdibuja los matices y apaga el verdadero debate intelectual. La democracia se nutre del contraste de ideas, no de su homogenización. Y es precisamente la diversidad de pensamiento —de izquierda, de centro o de derecha— lo que preserva la libertad que todos decimos proteger.
Con respeto y gratitud por abrir el diálogo,
Ángel Luis González – Análisis Estratégico
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