Por Elvira Sánchez-Blake
Desde el 2 de septiembre comenzó la ofensiva en el Caribe del norte de Sur América: misiles lanzados contra lanchas pesqueras por parte de la armada de Estados Unidos. Al principio fueron episodios aislados, que pasaron desapercibidos y apenas llamaron la atención de la prensa internacional. El Departamento de Estado publicó videos "unclassified" en los que se ven pequeñas embarcaciones explotando tras ser alcanzadas por misiles, acompañados de comunicados escuetos que afirmaban: "Barcos narcotraficantes detenidos por la armada de EE.UU. en aguas del Caribe".
Estos ataques se fueron intensificando con episodios en donde no es una lancha, sino, dos o tres o cuatro, con misiles más potentes y con ataques que se han extendido al Pacífico. En efecto, el gobierno ha ordenado al ejército estadounidense ampliar su ofensiva en el Pacífico oriental. Esta semana, cuatro embarcaciones fueron bombardeadas con un saldo de catorce muertos y un sobreviviente que fue rescatado frente a las costas de Guatemala y México. Hasta el momento se registran 63 muertos víctimas de esta ofensiva indiscriminada.
¿Qué hay detrás de estos ataques? ¿Cómo se justifica que lanchas pequeñas pesqueras sean destruidas con misiles de largo alcance en aguas internacionales sin que medie ningún tipo de guerra declarada, misión armamentista o siquiera un aviso que justifique dichas medidas justicieras? Lo más inquietante es que, aunque los medios registran tímidamente estos hechos, no hay una respuesta contundente y todos parecen esperar que ocurra un evento de grandes dimensiones, como la caída de Maduro en Venezuela o de Petro en Colombia, los dos países amenazados.
Expertos internacionales hablan de un plan estratégico para derrocar a Maduro; otros perciben estas acciones como parte de un proyecto más ambicioso de Trump para intervenir y apoderarse del continente suramericano. Su reciente apoyo económico al gobierno de Argentina, con miles de millones de dólares, para fortalecer al partido que encabeza Milei, parece consolidar un proyecto ambicioso de control regional del continente.
Este viernes 31 de octubre, la Oficina Derechos Humanos de las Naciones Unidas finalmente se pronunció, señalando que los ataques militares contra botes en el Caribe y el Pacífico son inaceptables y deben cesar de inmediato. Hasta esta semana, solo el presidente Petro había expresado abiertamente su rechazo a los ataques llamándolos por lo que son: ejecuciones extrajudiciales y actos de guerra. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, también se atrevió a pronunciarse luego del ataque a cuatro embarcaciones, y exigió que se respeten los tratados internacionales. Sin embargo, La falta de condenas firmes por parte de organismos internacionales, revela una preocupante sumisión ante la intimidación que proyecta el mandatario estadounidense y el acatamiento pasivo de la comunidad internacional.
En los comunicados que el Departamento de Defensa (o de Guerra) emite después de cada explosión se precisa que "los botes transitaban por rutas conocidas del narcotráfico y transportaban narcóticos”. A las víctimas los catalogan como "narcoterroristas”, sin mostrar evidencia alguna que sustente tales acusaciones en ninguno de los casos.
Todo parece indicar que se avecina una intervención militar en Venezuela con el propósito de derrocar a Maduro. Lo grave es que esta injerencia no se detendrá allí. Las incursiones de la Armada estadounidense en el Caribe y el Pacífico revelan una estrategia más ambiciosa destinada a imponer un proyecto de expansión continental, guiado por intereses económicos y geopolíticos que avanzan sin control ni freno en la esfera internacional.
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