Por Elvira Sánchez-Blake
No podemos permitir que el ardor del momento entorpezca el entendimiento.
El atentado contra la Escuela de Policía General Santander de Colombia es un acto muy doloroso y merece el repudio de todos los sectores. No hay excusa para que estos hechos se cometan nuevamente en el país y los responsables deben ser castigados con todo el peso de la ley. Sin embargo, es necesario tener cuidado. El peligro es que en el afán de buscar culpables se desate una ofensiva despiadada contra seres inocentes como ha ocurrido en el pasado.
La ofensiva contra el ELN declarada por el gobierno de Iván Duque es un arma de doble filo. Es cierto que todas las pistas apuntan hacia este grupo. Pero, hay también muchos interrogantes que cuestionan lo insólito del acto. Llama la atención en principio la naturaleza del atentado. En Colombia no se acostumbran los atentados suicidas. Esto nunca había ocurrido. ¿Por qué auto inmolarse en un escenario como el actual de aparente paz? ¿Cuál era el mensaje? ¿Qué buscaban con esto? ¿A quién le puede interesar desestabilizar las llamadas fuerzas del orden en la coyuntura actual?
El ELN se encuentra en diálogos de paz y aunque las negociaciones han sido complejas, no se vislumbraban quiebres que justificaran una acción como esta. En cambio, el efecto mediático y de temor generalizado que genera este evento presenta una justificación muy oportuna para el actual gobierno. Los agentes del orden, llámense policías o fuerzas militares, han sido declarados héroes y víctimas. Por lo tanto el pretexto para desatar una ofensiva contra cualquier sospechoso de subversión.
La alocución presidencial del pasado viernes así lo prefigura. El Presidente habló con firmeza en un perfecto performance de autoridad. Pareciera que los acontecimientos le ofrecían el escenario adecuado para demostrar lo que hacía falta en su gobierno: competencia y mano dura. Era la oportunidad excelsa de demostrar los atributos que exigían sus votantes y detractores. Además, fue la justificación para culpar al ELN de todos los actos de violencia recientes, incluyendo el asesinato de líderes sociales. Esto último es una forma de desviar la atención hacia los verdaderos responsables.
Los autores de los crímenes de líderes sociales son perfectamente conocidos. Se llaman Los Rastrojos, Gaitanistas o Águilas negras. Y todos sabemos que son organizaciones criminales paramilitares encargadas de impedir que las víctimas del conflicto regresen a sus tierras, que se lleven a cabo proyectos de sustitución de cultivos ilícitos, así como la reinserción de los desmovilizados de las FARC. Estas organizaciones actúan en completo antagonismo con un grupo como el ELN. Sin embargo esta acusación ya circula en las redes sociales, en los medios de comunicación y en la inconciencia ciudadanía como la verdad revelada.
Hablar de “terrorismo” es también un subterfugio para generar odios y desatar la violencia generalizada. Héctor Abad Faciolince, claramente lo señala en su columna:
Una sociedad que sucumbe al terrorismo es la que en lugar de rechazar unánimemente el acto, y permitir que las autoridades investiguen y aclaren a fondo los hechos, se enfrasca en aquello que el terrorismo pretende: en una lucha de facciones opuestas que se echan la culpa recíprocamente, bien sea por exceso de mano dura, o por mano blanda, o porque en las últimas elecciones algunos votaron en blanco, o por A o por B. Un país que no sucumbe al terrorismo es el que no permite que la convivencia civil se destruya, un país que no pierde la calma ni señala culpables a ciegas. (https://www.elespectador.com/opinion/terrorismo-y-ockham-columna-834984).
El atentado de la Escuela de Policía General Santander en Bogotá tiene muchas aristas. Es muy triste que manos criminales se ensañen contra vidas inocentes, llámense, cadetes de la policía, líderes sociales o gente del común. Es determinante encontrar a los verdaderos culpables y no dejarnos llevar por los extremismos. NO podemos dejarnos obnubilar por las apariencias, por el temor y por los clamores de justicia. En últimas, no debemos permitir que los esfuerzos de paz se desplomen y renazcan las ofensivas de represión estatal y militar en contra de las poblaciones más vulnerables.
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