Por Elvira Sánchez-Blake
El incendio de un centro del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez donde perecieron 38 personas debería ser considerado un crimen de lesa humanidad. Así lo manifestó Camilo Pérez Bustillo, fundador de la organización Witness at the Border. El incendio del centro de migrantes ocurrió el lunes 27 de marzo en un acto que ha sido catalogado como deshumanizante ya que los propios guardias impidieron la salida de los hombres que murieron calcinados por las llamas. El propio presidente de México culpó a los inmigrantes de haber provocado el fuego y exculpó a los funcionarios del centro.
El canal Une América realizó un reportaje especial en el que entrevistamos a miembros de la organización Testigos de la Frontera sobre
las implicaciones de los hechos ocurridos en Ciudad Juárez y las políticas
actuales de migración que continúan produciendo actos de violencia,
discriminación y deshumanización en la frontera.
Camilo Pérez Bustillo,
abogado de inmigración, declaró que este episodio fue una masacre anunciada, no
simplemente, un homicidio. Es la
culminación de una serie de políticas públicas donde los gobiernos de México y
de Estados Unidos tienen una corresponsabilidad por el trato inhumano que se les
da a los migrantes en ambos países. El jurista señaló que las condiciones de la
tragedia ameritan para que el caso sea declarado un crimen de lesa humanidad.
“Debemos traducir la indignación en acción”, dijo el fundador de Witness at the Border. Para él, la tragedia de Ciudad Juárez es la culminación del contubernio que existe entre los gobiernos de México y de Estados Unidos que han transformado la frontera en un terreno de persecución y terror para los migrantes. Lo que sucedió es la culminación de una serie de políticas públicas donde ambos países tienen una responsabilidad de estado. De esta forma, no solo debe responder el estado mexicano ante el sistema judicial mexicano, sino ante la justicia internacional.
Recordó que las
personas que murieron en el incidente eran migrantes en ejercicio de un derecho internacionalmente
reconocido, que es el derecho a migrar y a solicitar asilo. Este derecho se
encuentra consagrado en la constitución mexicana y en la de Estados Unidos. “No
descansaremos hasta que se logre la plena responsabilidad judicial de ambos países”, declaró.
Karina Breceda,
defensora de los derechos humanos y coordinadora de un albergue para mujeres en
Ciudad Juárez, agregó que las
comunidades de ambos lados en la frontera tienen una responsabilidad compartida
también. Reconoció que desde hace unas
semanas se ha visto un cambio de actitud hacia los migrantes en una zona donde
siempre se ha vivido un clima de acogida y respeto. Un artículo de opinión publicado en un diario
de Ciudad Juárez culpaba a los migrantes de estar ocupando
los semáforos y de pedir dinero en los puentes, con una actitud xenofóbica.
Esto generó una desconfianza hacia ellos y pedidos a las autoridades de desalojarlos
e impedir que ocuparan los sitios públicos. Esta actitud se nutre de la
narrativa de los medios a nivel nacional en Estados Unidos y México. Para
Karina, la tragedia es un resultado del clima de desconfianza que se ha
generado en prejuicio de los migrantes. En este momento los albergues en la
zona de frontera están desbordados y la atención es insuficiente para la
demanda.
La organización
Testigos de la Frontera (Witness at the Border), es una organización que funciona
como una veeduría de los hechos que se producen en la frontera a lo largo del
territorio que separa México de Estados Unidos. Vielka Rivera Wambold explica
que “somos testigos y portavoces de los actos de que ocurren en el cruce fronterizo".
El lema de la organización es “the subversive act of seeing” (el acto subversivo
de ver)”. El origen de Testigos de la Frontera se dio en El Paso, Texas, cuando
se instauró el centro de detención de jóvenes
migrantes en el 2018, cuyo delito era haber atravesado la frontera en forma inapropiada. Luego
se crearon otros centros de detención y separación de familias durante la era
de Trump. En el caso de Ciudad Juárez, la organización se asegurará de que se tomen las acciones
necesarias para pedir justicia ante las instancias internacionales de derechos
humanos.
Vielka asegura que las políticas migratorias no han cambiado mucho en la administración Biden. Es cierto que el actual presidente ordenó la reunificación de los niños migrantes con sus familias, puso fin a la construcción del muro fronterizo y pidió revisar de los programas de inmigración legal cancelados por su predecesor. Sin embargo, las políticas de detención y permanencia en la frontera esperando el asilo siguen vigentes. Se refiere al título 42 que condiciona el derecho de asilo a prevenir el contagio del COVID 19, medida que no ha sido derogada.
Actualmente las
caravanas que recorren desde Suramérica, cruzando el tapón de Darién y que atraviesan
toda Centroamérica quedan represadas en las ciudades fronterizas de México por
meses sin dar resolución a sus casos. El caso de Ciudad Juárez demuestra que
entre las víctimas del incendio se encontraban hombres en su mayoría
centroamericanos provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras, además de
venezolanos, un colombiano y dos ecuatorianos.
Estamos hablando de un tribunal de la conciencia, aseguró Camilo Pérez Bustillo. Los migrantes que murieron en Ciudad Juárez estaban ejerciendo un derecho justo, el de huir de violencia y persecución. Estas políticas agresivas contra migrantes fueron instauradas desde hace treinta años en la administración de Clinton, con una política que se define como prevención a través de la disuasión (prevention through deterrance). Con estas medidas se asegura que el tránsito de los migrantes se haga de la forma más azarosa posible para disuadir a la gente de emprender el recorrido. Esa es la política oficial que no ha variado en las sucesivas administraciones sin importar el partido político.
Recordemos que “migrar no es un delito ni un crimen, asegura el abogado, es un derecho fundamental”.
El infausto suceso de la Ciudad Juárez permite hacer un llamado de atención sobre las políticas de migración, las actitudes hacia los migrantes y el crecimiento del fenómeno deshumanizante de gente que busca un asilo como un derecho fundamental. Se hace indispensable una transformación de la narrativa a nivel de los medios de comunicación y del imaginario hacia los inmigrantes y un reconocimiento a sus derechos fundamentales.
El programa de Une America bajo la conducción de Carlos Alberto Vélez se puede ver en este enlace:
https://www.youtube.com/live/pWZVcQWB5Q8?feature=share
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