Muchos colombianos celebran las decisiones del actual mandatario sin detenerse a considerar sus consecuencias más graves: la pérdida de soberanía nacional, el riesgo de abocar al país a una guerra sin cuartel, el desmantelamiento de la cultura y la educación, las restricciones a la libre expresión y el debilitamiento de las instituciones. Todo ello bajo una cruzada de tintes fascistas, revestida de una religiosidad cada vez más acendrada.
Abelardo le está entregando el país al movimiento trumpista MAGA. Inscribió a Colombia en el Escudo de las Américas, dio carta blanca a Estados Unidos para realizar operativos desde bases militares colombianas y suscribió convenios de extracción energética cuyos términos no se han dado a conocer públicamente. Al mismo tiempo, estrechó sus vínculos con Israel de una manera que raya en el servilismo.
Colombia ha respaldado decisiones controvertidas en favor de Israel, entre ellas el reconocimiento de Jerusalén como capital y de los Altos del Golán como parte de su territorio. También recurrió a la colaboración de militares israelíes para el rescate de víctimas del terremoto, una decisión absurda, especialmente a la luz del carácter militar de las mismas y las circunstancias políticas que rodean esa cooperación, mientras rechazó la ayuda de los topos de México, especializados en rescate de terremotos.
En su afán por complacer a los mandatarios de Estados Unidos e Israel, Abelardo ha dado la espalda a la causa palestina y ha apartado a Colombia de acuerdos y compromisos internacionales vinculados con los derechos humanos, la igualdad y los derechos de género. Su gobierno parece empeñado en reproducir los extremismos de sus aliados y en sumarse a un proyecto expansionista que amenaza con subordinar los intereses nacionales a los de Washington y Tel Aviv.
«¡Gracias a Dios, Petro ya no es presidente y la izquierda va a ser extirpada, como prometió en su campaña!», proclaman sus adeptos.
No importa que el Gobierno haya suspendido becas y apoyos del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, dejando sin recursos numerosos eventos y proyectos que ya tenían financiación asignada. Tampoco parece importar que se ordene retirar obras relacionadas con el conflicto armado colombiano del Museo Nacional, incluidas aquellas que aluden a figuras incómodas, como Carlos Pizarro, excomandante del M-19, y a integrantes de la Unión Patriótica asesinados durante la violencia política de las décadas pasadas.
Abelardo intenta borrar partes de la historia nacional y reescribirlas a conveniencia del poder. La estrategia recuerda las políticas impulsadas por Ron DeSantis en Florida, donde, bajo la bandera de combatir el llamado wokismo, se han promovido restricciones a contenidos educativos y culturales. Cambian los escenarios, pero persiste la tentación de imponer una memoria oficial y silenciar aquello que incomoda.
«¡Qué alivio que la izquierda no llegó al poder!», repiten quienes siguen celebrando los «¡Viva Cristo Rey!» de un presidente cobijado por la religiosidad de las iglesias evangélicas y de las congregaciones que respaldan sus decisiones, incluso cuando estas suscitan serios cuestionamientos éticos.
Presentar como actos de heroísmo los bombardeos en los que mueren niños y personas inocentes, y justificar esas muertes como expresión de «la voluntad de Dios», plantea una contradicción moral difícil de ignorar. ¿Qué tiene de cristiano caminar entre bolsas de cadáveres? ¿En qué momento la fe se convirtió en una justificación para la violencia y la indiferencia ante el sufrimiento humano?
También parece natural, para algunos, restablecer la injerencia de la Iglesia en los asuntos del Estado. ¡Por favor! Nos tomó décadas lograr la separación entre el poder civil y la autoridad eclesiástica. Ahora, todo indica que la religión vuelve a convertirse en el opio del pueblo, aunque esta vez bajo la influencia de movimientos y sectas evangélicas cuya expansión política sigue modelos importados del norte.
No importa lo que haga Abelardo en detrimento de la soberanía nacional, las instituciones culturales, la libertad de expresión o los derechos de las personas con sexualidades e identidades diversas. Sus seguidores siempre encontrarán una justificación. La comparación con Petro parece bastar para absolverlo de cualquier cuestionamiento.
Hasta los asuntos más triviales se convierten en argumentos a su favor: usar ropa de marca, tener una esposa que replica el modelo de las mujeres MAGA, hablar con despotismo o proyectar el aura de un héroe de circo. Todo es preferible a Petro. Y, por supuesto, también lo es contar con un vicepresidente que encarna, para sus admiradores, la figura del «hombre de bien».
Me resisto a creer que todo esto sea simplemente una cuestión de preferencias políticas. Estoy convencida de que el culto a Abelardo responde, en parte, a un complejo de raza y de posición social. Es como si existiera un pacto de clase, una forma de garantizar la pertenencia a un círculo privilegiado: «soy abelardista porque así sigo formando parte de mi grupo de amigos, de mi iglesia, de mi club social y de esa familia que se considera «de bien».
Al final, la pregunta no es si Petro fue un buen presidente ni si la izquierda merece volver al poder. La pregunta es qué estamos dispuestos a sacrificar para impedirlo. ¿La soberanía nacional? ¿La memoria histórica? ¿La cultura y la educación? ¿Los derechos fundamentales? ¿La separación entre Iglesia y Estado?
Cuando el rechazo a un adversario político se convierte en una licencia para justificar cualquier abuso, la democracia deja de ser un principio y se transforma en una consigna. Y cuando la pertenencia a una clase, una iglesia o un círculo social pesa más que la conciencia crítica, el pensamiento propio termina siendo la primera víctima.
