El régimen de la democradura

Por Elvira Sánchez-Blake

El 3 de mayo del 2020 la Revista Semana reveló un informe por el cual la alta cúpula del Ejército colombiano ha realizado interceptaciones y chuzadas a periodistas, ONGS, magistrados y abogados que investigan o reportan sobre derechos humanos o que denuncian las acciones indebidas de las autoridades. 

Ejército colombiano ejecutó durante 2019 un programa masivo de espionaje que terminó con la eleboración de más de 130 perfiles de periodistas, defensores de derchos humanos, políticos, militares y hasta altos funcionarios de la Casa de Nariño.
 

Este es uno más de los escándalos que resurgen en el país cada cierto tiempo sobre este tipo de eventos. En este caso llama la atención la interceptación de periodistas extranjeros, como es el caso de Nicholas Casey, del New York Times, quien denunció el resurgimiento de los Falsos Positivos en mayo del 2019.  El organigrama descubierto entre los documentos del Ejército sobre el periodista era tan detallado y sucinto, con información sobre todos sus pasos, conexiones, amigos, familia, y relacionados, que pone los pelos de punta. 

El mismo esquema revela en detalle el seguimiento a 30 periodistas entre nacionales y extranjeros.  Entre ellos, se contaban corresponsales estadounidenses que reportan sobre Colombia  para medios como NPR o Wall Street Journal.  Las carpetas descubiertas ponen al descubierto detalles de la vida privada de los perfilados, tales como contactos familiares, amistades, dirección, teléfono y hasta las multas de tránsito. Lo significativo del caso es que mientras los periodistas colombianos se han habituado a  operar bajo amenazas y seguimientos, los reporteros internacionales no habían sido blanco de estas chuzadas.  Las carpetas de seguimientos incluyen también a abogados del Colectivo Alvear Restrepo,  al director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, y a magistrados de la Corte a cargo de casos judiciales de altas personalidades políticas.

Pero, igual que sucedió hace treinta años cuando mataron a Luis Carlos Galán, a Bernardo Jaramillo,  a Héctor Abad Gómez, o hace 23 años, a los ambientalistas del Cinep, Mario Calderón y Elsa Alvarado;  a los penalistas, Jesús María Valle y Eduardo Umaña,  al humorista Jaime Garzón, y más recientemente, a los líderes sociales, no pasa nada.  Como bien señala el reportaje de Semana: “el Ejército ha soportado varios graves escándalos. Todos han estado involucrados, directa o indirectamente, en operaciones cuestionables. Cuando estas quedan al descubierto y estalla el escándalo, siempre ocurre lo mismo: los integrantes son trasladados a puestos administrativos por sus jefes mientras la marea del escándalo baja y meses después regresan para comenzar un nuevo encargo.”

Lo más alarmante del caso es que estos escándalos solo ahondan la polarización del país. Mientras unos se alarman ante las revelaciones, son más los que apoyan este tipo de interceptaciones bajo el infame argumento, “no importa lo que hagan los militares si salvan al país del 'comunismo'”. Este argumento es tan perverso porque sirve para justificar cualquier actuación indebida por parte de la institución a cargo de salvaguardar al país.  La continua acusación de ”izquierdistas” a personas que se ocupan de  reportar abusos de violencia o de derechos humanos, así como de defender a poblaciones marginadas, ha sido causal y motor de una gran cantidad de crímenes que se cometen y se siguen cometiendo en el país. Es la justificación perfecta para seguir perpetuando la supervivencia de una “democradura” (democracia-dictadura), término acuñado por Javier Giraldo para denominar  un modelo de estado que impone un régimen de dictadura bajo una fachada de democracia.

Los que piensan que el Estado de derecho se rige por la persecución a periodistas, abogados, juristas que denuncian las violaciones  de derechos humanos y combaten las arbitrariedades de las autoridades, bajo la supuesta defensa contra el “comunismo” están muy equivocados.  Esta es una falacia indecente y por sobre todo, una manipulación de las conciencias, de las mentes débiles, mal informadas, y ausentes de criterio propio.  Ya basta de los sofismas de distracción que pretenden defender a los “buenos” de los peligros del “comunismo”.   Las interceptaciones ilegales por parte de las altas esferas de los mandos militares es un acto execrable que merece los máxima condena por parte de todos los segmentos de la población. No hay excusa para tanto cinismo.

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[1] https://www.semana.com/nacion/articulo/the-new-york-times-responde-a-los-seguimientos-del-ejercito-colombiano/667721.

La locura colectiva en tiempos de Coronavirus

Por Elvira Sánchez-Blake

            ¿Cuántos ciegos serán precisos para hacer una ceguera?

                                                                                                (José Saramago)

Nunca antes nos habíamos visto enfrentados a una situación como esta: confinados al aislamiento social bajo la amenaza intangible de un organismo invisible con más poder que un arma nuclear.  La amenaza no tiene un color político, no es de izquierda ni de derecha. Aunque muchos quisieran atribuirla a sus enemigos ideológicos. No respeta razas ni procedencias étnicas, ni a ricos ni a pobres.  Todo el planeta se encuentra amenazado.  La única defensa: distancia social y encierro total.  El mayor riesgo de esta medida es caer en la locura colectiva y paranoia generalizada. Lo cual ya está ocurriendo.

Resulta que el ser humano es social por naturaleza y la separación de sus semejantes puede resultar en una perturbación mental más peligrosa que la enfermedad que se intenta prevenir. El encierro obligado aun en compañía de “seres queridos” impone una convivencia constante que degenera en desavenencias agudizadas por el miedo de contraer el virus letal.

Este clima de irritabilidad se exacerba si vivimos pendientes de las noticias que provienen del exterior a través de la televisión y las redes sociales.  El bombardeo de noticias continuo sobre los datos crecientes de la pandemia y las tasas de mortalidad genera un estado de ansiedad.  Si a esto se suman las cifras de la caída abismal de la bolsa de valores y el colapso inevitable de la economía, la ansiedad se convierte en terror.  Mientras en una pantalla las curvas suben exponencialmente, en la otra, bajan a un ritmo acelerado. Una mala combinación para el cerebro que procesa datos diametralmente opuestos a lo que está en capacidad de procesar.

Algunos hablan del apocalipsis y del fin de los tiempos. No, eso no es tampoco. Otros de una catástrofe natural y de la venganza del planeta. Hay quienes acuden a fuerzas sobrenaturales.  Hay que ver solo el número de mensajes por las redes sociales de videntes, oráculos y prestidigitadores que anunciaron esta pandemia.

  

Creo  que más alarmante que el contagio del virus, es caer en inestabilidad mental.

Los elementos están dados: paranoia informática, obsesión, desajuste del mundo natural; inestabilidad de los actos cotidianos, encierro y enervamiento. Una distopía total.

Nuestro mundo ha cambiado, pero es nuestra responsabilidad  mantenernos cuerdos y racionales ante la adversidad que nos envuelve. Es el deber de cada individuo proteger a sus seres queridos, manteniendo serenidad bajo un régimen de salud física y mental dentro del marco que proporcione estabilidad. Si el Papa les da consuelo, miren al Papa; si escuchar música apacigua el espíritu, dedíquese a escuchar, cantar o interpretar música.  Si el arte le proporciona serenidad, despliegue su creatividad.  Si lo suyo es  hacer ejercicio, se puede hacer en variadas formas aun en medio del encierro.  Lo más recomendable es leer, leer, leer y escribir.  Hay muchas formas de mantenerse sanos dentro del caos.  Esa es la principal responsabilidad que tenemos como individuos racionales  en momentos de desequilibrio mundial.

La fosa del horror

Por Elvira Sánchez-Blake

Es increíble que en Colombia pasen estas cosas. Los colombianos nos asombramos de las violaciones de derechos humanos de Venezuela  Cuba y México, y reaccionamos con horror ante las torturas y desapariciones ocurridas en Chile, Argentina y Uruguay durante la Guerra Sucia.  Pero, en nuestro país suceden hechos más atroces e impensables, como la reciente fosa común descubierta en el Cementerio de Las Mercedes en Dabeiba, Antioquia.  En este sitio fueron encontrados  más de 50 cuerpos ejecutados para hacerlos pasar como bajas en combate por el Ejército Nacional. Esta muestra de deshumanización es comparable solo con los actos más abyectos de que se tenga conocimiento en la historia del mundo.

La Revista Semana fue el primer medio en documentar el hallazgo de la fosa en su edición de diciembre del 2019.  Al parecer, unos soldados que participaron en la operación, otorgaron los datos y gracias al concurso de la Jurisdicción Especial para la Paz se empezó a excavar en el cementerio y encontraron los cadáveres, algunos envueltos en bolsas y otros tirados al azar.  Varios de los cuerpos habían sido desmembrados.  El soldado declaró que  la mayoría de las víctimas eran traídas de Medellín. Escogían jóvenes incapacitados o de extracción humilde, a quienes mataban y luego camuflaban con trajes y botas pertenecientes a la guerrilla. Los oficiales recibieron premios con bonificaciones y descansos por parte de los mandos superiores.  Todo esto sucedió en los años 2006 y 2007 bajo el mandato  de la Seguridad Democrática. 

La semana pasada las pruebas de ADN practicadas por funcionarios de la JEP  identificaron el primer cuerpo perteneciente a Edison Lezcano, un hombre de 23 años que no tenía ningún antecedente criminal ni nexos con la guerrilla, y que se dedicaba a cultivar la tierra con su familia. Los padres y familiares celebraron la noticia y pudieron finalmente enterrar los restos de su hijo en un osario del cementerio con su nombre y datos personales.

Llama la atención la ligereza con que ha sido tratada esta noticia.  Hasta ahora se han registrado algunas reacciones en la prensa, pero las fuerzas militares siguen tan campantes y el gobierno ni siquiera ha hecho mención de este hallazgo. Por el contrario, condecoró a los generales más implicados en los Falsos Positivos.  La JEP anuncia que continuará las investigaciones y el proceso para identificar culpables. Pero, si usted le pregunta a cualquier colombiano, aquí no pasa nada.   

En casos parecidos ocurridos en la historia del continente, las fosas comunes han sido la clave para desatar la ira colectiva de todo un país y para procurar castigos a los culpables e indemnizaciones a los allegados a las víctimas.

El caso paradigmático es Chile, donde todos sabemos los  horrores cometidos por la dictadura militar de Pinochet. Al término de su mandato y tras investigaciones de la Comisión de la Verdad, se encontraron varias fosas comunes: la fosa de Pisagua en el desierto de Tacama, donde se encontraron 15 cuerpos fusilados.  En Copiacó, se descubrió otra fosa con 13 cuerpos y en el Patio 29 del cementerio general de Santiago, fueron halladas más de cien víctimas de la dictadura.  Todos estos sitios han sido declarados monumentos nacionales a la memoria con la promesa de Nunca Más.

Los militares chilenos involucrados fueron procesados. El mismo Pinochet se vio obligado a comparecer ante la justicia, pese a que nunca fue condenado. Los hechos se conocieron  y desataron el furor del mundo entero.  Para hacer otra triste comparación, el número de desaparecidos en Chile llegó a 40.000.  En Colombia no hay una cifra exacta, porque siguen desapareciendo, pero suman muchísimos más de 100.000 hasta la fecha.  Lo peor es que no hay un punto final a estos horrores que ya ni siquiera causan espanto. Hemos sucumbido a la anomia, a la incapacidad de reaccionar ante las atrocidades, porque se convierten en una noticia más dentro de las muchas que suceden en la cotidianidad.

Paroxismo: persecuciones, asesinatos y chuzadas

Colombia amaneció a la nueva década  con un nuevo record: el mayor número de asesinatos por día en solo dos semanas del año.

En los primeros 15 días del mes de enero  han sido asesinados veinte líderes sociales en Colombia.  Más de uno por día.  La reacción del gobierno es reforzar con  fuerzas policiacas y militares las zonas en conflicto. Como si no supiera todo el mundo que ellos son los mismos que  amparan las persecuciones y matanzas.

Como los ciclos se repiten en el país como una maldición que llega al paroxismo. Esta misma semana se conocieron las interceptaciones ilegales a magistrados, políticos, periodistas y funcionarios que llevan el caso del expresidente Uribe sobre manipulación de testigos.  Dichas chuzadas han sido ordenadas y monitoreadas por mandos militares. Es decir, se repite la historia de principios del milenio cuando el Departamento Administrativo de Seguridad  -DAS- se convirtió en el mecanismo de interceptación ilegal de todo aquel  que estuviera en contra del gobierno de turno.

Vuelve y juega. No solo los asesinatos a líderes de derechos humanos, a líderes sociales, a los que trabajan por la comunidad, los que se oponen a los cultivos ilícitos, a la minería ilegal, aquellos que llevan a cabo los proyectos establecidos en el Acuerdo de Paz.  Una investigación de la revista Semana revela que el Ejército habría ordenado realizar múltiples interceptaciones de comunicaciones sin ninguna justificación real. Entre los interceptados se encuentran Roy Barreras, senador del partido de la U; Camilo Romero, exgobernador de Nariño, y Cristina Lombana, magistrada de la Corte Suprema. También se han encontrado micrófonos ocultos del magistrado, César Augusto Reyes  y del Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.

Todo esto no es sino un replay de una película que repiten cada veinte años con actores más sanguinarios y con tecnologías más sofisticadas. Y pareciera que los actores no cambiaran, solo los cargos. El mismo Ejército, con los mismos sofismas de distracción, bajo las mismas premisas y con la  misma desfachatez.

De igual forma, los asesinatos a líderes sociales y comunitarios siguen a la orden del día. El año 2020 arrancó con una crisis en Bojayá, otro escenario que lleva décadas de violencia desalmada.  Varios asesinatos fueron denunciados en Putumayo, Chocó, Valle del Cauca y Cauca, Antioquia y Norte de Santander. La mayoría de ellos son líderes indígenas y campesinos.  Las persecuciones ocurren en lugares donde se hallan las crecientes fuerzas paramilitares convertidas en bandas criminales al amparo de narcotraficantes poderosos y autoridades locales. También se encuentran en estas zonas miembros del ELN y disidencias de las FARC.    Pese a los inistentes llamados de las Naciones Unidas a tomar acciones efectivas con presencia del estado y con políticas de salud y educación, la única respuesta por parte del gobierno es incrementar las acciones militares. Todo parece indicar que esta medida solo refuerza las propias fuerzas ilegales y amparan a los asesinos, no a las víctimas.

Camila Loboguerrero, activista y artista, miembro de la Comisión de sabios, resume la situación de Colombia en una forma puntual:

“¿Pero para qué niños estamos soñando? ¿Si los estamos matando, si entre las desalmadas guerrillas, los militares y los paramilitares los hemos convertido en carne de cañón? ¿Si para el gobierno los niños, retenidos a la fuerza y obligados por los violentos, son solo combatientes para aniquilar? ¿Si a los niños indígenas… los aniquilamos a punta de metralleta o condenándolos a morir de hambre, al fumigar sus cosechas con glifosato, ese pesticida supuestamente inocuo en palabras de la vicepresidenta, la misma que nos convocó a pensar en un mejor país? ¿Si vamos a acabar con los campesinos, además de los indígenas? ¿Pensamos un país mejor para quiénes? ¿Para los hijos de ese 1% que maneja el 80% de los recursos? ¿Para el 1% más rico del país?” (Revista Arcadia).

La historia se repite y se sigue repitiendo ya ni siquiera por ciclos, sino con un método calculado y preciso.  Hasta la locura tiene método, dijo Hamlet.  Mientras tanto la gente en Colombia se aterra por las noticias del Medio Oriente, de Australia y de Venezuela. Sin percatarse de que la tragedia colombiana es más cruel, sanguinaria y deshumanizada que la de ningún otro lugar en el planeta. 

Referencias

The Guardian. Enero 14, 2020. https://www.theguardian.c: om/world/2020/jan/14/un-staggering-number-activists-killed-colombia 

Revista Arcadia. Enero 13, 2020:  https://www.revistaarcadia.com/opinion/articulo/camila-loboguerrero-cuenta-por-que-no-fue-a-la-rendicion-de-conclusiones-de-la-mision-de-sabios-que-integro/79935

Revista Semana. Enero 12, 2020. 
https://www.semana.com/nacion/articulo/chuzadas-por-que-se-retiro-el-general-nicacio-martinez-del-ejercito/647810

Toque de queda

 

 Por Elvira Sánchez-Blake

 

(Foto El Tiempo, Nov 26, 2019) 

El taxista me preguntó qué significaba “toque de queda”, la noche del viernes 22 de noviembre cuando todos los que nos encontrábamos en Bogotá nos vimos obligados a movilizarnos a las casas ante el anuncio intempestivo del gobierno que ordenaba que nadie podía estar en las calles de la ciudad a partir de las nueve de la noche.

El Paro Nacional había iniciado el jueves 21 de noviembre y para el viernes había desembocado en hechos violentos y vandalismo. El pánico cundía en la ciudad y la medida pretendía retomar el control por parte de los organismos del Estado. Recordé entonces épocas funestas de Estatutos de Seguridad, Toques de Queda, Estados de Sitio y otras barbaridades de la época de López Michelsen y Turbay Ayala. Sentí el peso de los años y le respondí con candidez al taxista de 30 años, lo que significaba la medida y lo afortunado que era de no haber sido parte de aquellos tiempos de represión legitimada por parte de militares y del Estado.

Los colombianos menores de 40 años desconocen esos fenómenos que otrora fueran cotidianos en el quehacer del país. Ellos están más familiarizados con la Seguridad Democrática de Uribe, pero pocos han experimentado la represión de épocas recientes, porque esta se ha reservado a las poblaciones rurales y a los territorios olvidados, habitados en su mayoría por grupos indígenas y campesinos, que son las verdaderas víctimas de los actores violentos: guerrilla, paramilitares, bandas criminales y organismos de seguridad del Estado.

Lo cierto es que tuve la oportunidad de vivir la jornada de paro de esta semana en forma directa. Las protestas comprendían una gama de reclamos desde todas las vertientes.  Las centrales obreras y sindicatos marcharon en contra de las reformas laborales propuestas por el gobierno. Una reforma pensional que podría suprimir el régimen de prima media y extender le edad de pensión.  Los estudiantes protestaban porque sienten que con estas reformas se les está negando el futuro y porque no hay inversión en la educación. Los gremios económicos rechazan la reforma tributaria. Para mí, el grupo con mayor razón para protestar lo conformaban los líderes sociales y las víctimas del conflicto armado.  El gobierno ha logrado hacer añicos los Acuerdos de Paz. El incumplimiento de los puntos acordados se evidencia en los continuos asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos; en la escalación de la violencia y en el rompimiento de los protocolos en asuntos tan delicados como la sustitución de cultivos ilícitos y desmonte gradual del narcotráfico.  Además, se empeña en acabar con la JEP y se niega a la restitución de las tierras para los desplazados. Por último, este gobierno se ha empeñado en borrar todos los esfuerzos de recopilar y mantener la Memoria que había logrado el Centro de Memoria Histórica. Duque nombró a un pelele que pretende borrar la historia y se ha ocupado en desmontar los esfuerzos del CNMH.

 

(Foto El Tiempo, Nov 26, 2019) 

O sea, que las razones para marchar eran válidas y contundentes.  Me complace  comprobar que una gran parte de la ciudadanía se esté despabilando. De pronto, descubrieron que su voto por Duque para presidente fue un error mayúsculo. Abrieron los ojos ante la realidad de haber sido manipulados por una estrategia de propaganda en contra del castrochavismo. El resultado era de esperar: un gobierno fallido, pusilánime, incapaz de afrontar los retos de un país como Colombia. Duque se encuentra arrinconado entre las fuerzas de su partido recalcitrante que exige militarización y mano dura, y los reclamos de los ciudadanos que lo eligieron.

Lo mejor es que a pesar de que se presentaron actos vandálicos generados por la misma fuerza pública: el ESMAD y los que azuzaron la violencia por las redes sociales, que condujeron a la muerte de seres inocentes,  los últimos días han transcurrido en paz. El concierto sinfónico, la chocolatada y los cacerolazos armónicos han primado sobre los vandalismos. 

Veo con complacencia que hay una conciencia ciudadana creciente que se enarbola sobre la manipulación del partido dirigente. Por una vez, la indolencia de los privilegiados se hace patente y se denuncia, como bien lo puntualizó Alonso Sánchez Baute al referirse a la muerte de Dilán, el muchacho de 18 años que fue atacado por un oficial del Esmad:

[L]a indolencia es tan profunda que  ha pasado a ser bien vista por “la gente de bien”, quienes justifican el asesinato de los hijos ajenos sin una pizca de empatía, solidaridad y compasión mientras rezan, hacen retiros en Emaus y van a misa todos los domingos. No hay duda: la indolencia es mil veces peor         que el odio[1].

Hay una luz al final del túnel. No sé si Duque podrá sortear el clamor ciudadano. Es muy pronto para predecir el resultado de esta jornada cívica de protestas legítimas. Sin embargo, veo una esperanza en una ciudadanía que despierta de la modorra, la ceguera y la peste del insomnio en que ha vivido sumida durante los últimos doscientos años.

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[1] Sánchez-Baute, Alonso. “Indolencia”. Revista Semana. 26 de noviembre de 2019. https://www.semana.com/autor/alonso--sanchez-baute/451

Recordando a víctimas del Terrorismo de Estado

Por Elvira Sánchez-Blake  

El vigésimo aniversario del crimen de Jaime Garzón ha abierto viejas heridas. Varias publicaciones han recordado a las víctimas del terrorismo de Estado de los años noventa, entre ellos a Garzón, este singular personaje que cautivó a los colombianos. Pero me pregunto, quién lo lee, a quién le importa. La sociedad colombiana vive adormecida, atacada por  la anomia, es decir, la pérdida de la capacidad de asombro ante hechos atroces.


    Con motivo de los 20 años del asesinato del humorista Jaime Garzón, varias publicaciones revelaron el resultado de investigaciones judiciales que arrojan luz sobre el Terrorismo de Estado que se propuso eliminar a los defensores de derechos humanos en los años noventa. Hoy se sabe que José Miguel Narváez fue quien dio la orden a Carlos Castaño para la ejecución de los crímenes de los ambientalistas del Cinep, Mario Calderón y Elsa Alvarado;  del penalista Eduardo Umaña Mendoza; del defensor de derechos humanos, Jesús María del Valle, y de Jaime Garzón.

    Todos esos crímenes ocurrieron entre 1997 y 1999, bajo el mismo esquema. Las víctimas eran defensores de derechos humanos y ambientales; miembros de Organizaciones no gubernamentales; denunciaban irregularidades de los poderosos y políticas corruptas.  Por estas razones fueron considerados objetivos militares y señalados por José Miguel Narváez en su lista negra. El esquema operaba de la siguiente forma. Narváez los denuncia ante la Brigada XIII del Ejército en donde el Coronel Jorge Eliecer Plazas Acevedo y el general Rito Alejo del Río, se encargan de hacer el seguimiento, organizar la operación y presentarla ante el jefe paramilitar, Carlos Castaño.  Este último da la orden a la Banda la Terraza, al mando de Don Berna y del Negro Elkin. Ellos organizan a los sicarios para que ejecuten la acción. El esquema contempla eliminar a los sicarios después de los operativos para no dejar huellas.  Luego, se desvían las investigaciones, con Mauricio Santoyo, comandante del Gaula en Medellín, a cargo de confundir las pesquisas de la Policía y de la Fiscalía con pistas falsas.

     En este esquema tan bien calculado no contaban con que Diego Murillo, alias Don Berna, fuera a confesar años más tarde los detalles del entramado.  Este paramilitar, quien era un alto mando y mano derecha de Castaño, se decidió a confesar ante el Tribunal de Justicia y Paz cómo funcionaban los operativos del terrorismo de estado. En la declaración que rindió el 13 de febrero de 2012, expone los operativos en cada uno de los casos.

    Con respecto al asesinato de los ambientalistas del Cinep, Mario Calderón y Elsa Alvarado,  asesinados el 19 de mayo de 1997, Don Berna declaró que el General Jorge Eliecer Plazas Acevedo había pasado la información a la Casa Castaño de que “los esposos Alvarado” (sic)  hacían parte de la estructura del ELN y eran los que manejaban la parte política y social. Entonces, “se tomó la decisión de trasladar a un grupo de la Banda La Terraza,  bajo el mando del Negro Elkin para ejecutarlos”[1]. Más adelante se supo que Narváez los señaló y pasó la información al organismo militar.

     Frente al homicidio del penalista Carlos Umaña, a quien mataron el 18 de abril de 1998, Don Berna dijo: “Esa orden no pasó por mí. La dio directamente el comandante Castaño. Pero todas las acciones que se ejecutaron fueron con el mismo modus operandi. Carlos Castaño adujo que el señor Umaña era parte de las estructuras del Eln y envió otro grupo a Bogotá. Allá contaron con el apoyo de algunos mandos militares” (...) En el caso concreto de la brigada de inteligencia donde estaba el coronel Plazas Acevedo. Estas personas se trasladan y ejecutan a Umaña en su residencia” (“Las confesiones de DB”).

     Sobre el defensor de derechos humanos, Jesús María del Valle, quien alertó sobre la catástrofe ambiental que causaría la represa Hidroituango,  Don Berna señaló que “Uno de los que incitó o le dijo a Carlos que había que asesinarlo fue el secretario de Gobierno de Antioquia de 1997, Pedro Juan Moreno”. Moreno fue el que le pidió a Castaño que matara a del Valle,  hecho que ocurrió el 27 de febrero de 1998. En este mismo crimen está implicado el que fuera gobernador de Antioquia, porque le molestó que del Valle denunciara las Convivir e investigara la masacre de El Aro (“Las confesiones de DB”).

     El último de esta serie de asesinatos correspondió a Jaime Garzón, el humorista y presentador de Televisión, quien pronosticó su propia muerte.  Don Berna declaró: “José Miguel Narváez llega con información de que Jaime Garzón no solo es facilitador de secuestros sino que hace parte de la estructura de las Farc, inclusive llega con una foto, en la cual Garzón esta con un fiyak o sea con una chaqueta camuflada, en una zona del Sumapaz, Carlos me dice que llame al negro Elkin que se dirija a hablar con él (sic), nos reunimos con el (...) Narváez se retira y Carlos dice que va a tomar la decisión de darlo de baja. Carlos (Castaño) explica ahí la necesidad de dar de baja hay Jaime Garzón, en la carpeta que deja el señor Narváez, donde se encuentra toda la información sobre él, que trabaja en una reconocida emisora de radio, que tiene un programa en la mañana, ellos viajan a Bogotá y con la ayuda de inteligencia Militar.  Hacen el seguimiento y hasta que toman ... hasta que le dan de baja"[2]. 

     Don Berna fue claro en señalar a Narváez como miembro orgánico de las AUC, aseguró que tuvo oportunidad de conocerlo personalmente en el año 1997, época para la cual había mucha influencia por parte de miembros del Ejército, los cuales lo utilizaban como intermediario y era la persona que se encargaba de suministrar información sobre operativos contra las Autodefensas o personas que tuvieran vínculo con la guerrilla o la izquierda (“Nueva condena”).  Esta información es corroborada por Salvatore Mancuso, quien asegura: "Cuando llegaba información de personas prestantes como el doctor Narváez, normalmente se daba por cierta, porque él era un profesor de la Escuela Superior de Guerra y tenía acceso a información tan privilegiada; para nosotros era una información totalmente confirmada” (“Nueva condena”).
     Dichas  declaraciones confirman que Narváez fue determinante en la ejecución de esta serie de asesinatos. Fueron víctimas de la obsesión contra todo aquel a quien él consideraba “comunistas” en su imaginario. Es decir, a aquellos que hablaran de derechos humanos o ambientales, a los que pertenecieran o trabajaran con los afros, los indígenas, los campesinos; a los periodistas,  a los defensores de derechos LGBT y a las ONGs, a las que odiaba y tachaba de comunistas.

     Lo preocupante es que Narváez  es una persona educada. Estudió administración de empresas y economía en la Universidad Santo Tomás.  Luego obtuvo varios posgrados.  Fue catedrático en la  Universidad de la Sabana y en la Javeriana. Se familiarizó con las leyes y aprendió a manejarlas y a acomodarlas a su antojo. Su perfil psicológico lo describe como: "perspicaz y selectivo en la presentación de la información, para hacer énfasis en los relatos que le convienen a su defensa. Sabe que información omitir para no contradecirse (...) Es minucioso, meticuloso y exhaustivo”[3]. Es decir, un ser inteligente y obsesivo, que tuvo la suerte de aliarse con los poderosos que pensaban como él para un fin tenebroso.Según el diagnóstico de la Fiscalía, “la trayectoria profesional de Narváez sugiere un profundo interés por la academia y el conocimiento, así como una excepcional capacidad para capturar y dominar información sobre otras disciplinas como la seguridad, la defensa y el derecho”. En los años noventa comenzó a asesorar militares, y por este medio a paramilitares. Según las declaraciones de varios mandos, se le conocía como “el profesor” (“Lo que había en la mente…”)
     Narváez se convirtió en instructor del centro de entrenamiento paramilitar, la 21 (La Acuarela). Este centro  se conocía como el cuartel general de las autodefensas en tierras del Urabá Antioqueño.  Una de las cátedras se llamaba “Por qué es lícito matar comunistas”. Sus estudiantes se convertirían años más tarde en los peores asesinos de las filas paramilitares. Incluso algunos de ellos han dicho que “el profesor era demasiado radical”.  En sus clases y escritos señalaba que a la subversión había que cortarle la cabeza. Los objetivos no debían ser los campamentos guerrilleros, sino los ideólogos que propagaban la doctrina en la que se afianzaba la subversión.

     En junio de 1997 Narváez publicó el texto "Guerra política como concepto de guerra integral", en el tomo 2 de la revista Inteligencia Militar. En este texto esboza su teoría de que el Estado no había ganado la guerra contra la "subversión" por enfocarse en los actores armados, y no en su brazo político. Un aparte del texto resume la filosofía de Narváez:
    "El trabajo de la subversión desarmada ha logrado en el proceso colombiano  de conflicto interno más resultados en contra del Estado como un todo, que el trabajo del ente subversivo cargado de fusiles y ametralladoras. Es aquí donde se encuentra el verdadero centro del conflicto" (...) "Sin declaratoria de guerra, sin ubicación perfecta de los delincuentes infiltrados   y enmascarados entre el común de la gente, aparece en nuestro medio como un cáncer sin diagnosticar plenamente, la amenaza de la subversión política" (“Lo que había en la mente...”).

    Es bajo esta premisa que desencadenó la serie de asesinatos como parte de un plan criminal sistemático y generalizado contra defensores de derechos humanos en los años noventa. La serie de asesinatos se inició con Mario Calderón y Elsa Alvarado (en la que cayó también el padre de esta sin tener nada que ver), continuó con Jesús María del Valle, Eduardo Umaña Mendoza y culminó con Jaime Garzón.

     El fallo que condenó a Jesús Miguel Narváez por parte de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá como determinante en el crimen de Garzón (no en los otros crímenes todavía), permite establecer “la existencia de un aparato organizado de poder con participación de las más altas esferas del Estado, que planificó y ordenó el asesinato del defensor de derechos humanos a través de la Banda La Terraza, y posteriormente desvió por años la investigación judicial”[4].

    Llama la atención que Narváez continuó su camino sin ninguna alteración y llegó a ser el subdirector del DAS en la primera década del año dos mil bajo el mandato de Uribe. Narváez se encargó de las chuzadas del DAS para identificar a todo aquel que mostrara oposición al gobierno. Además fundó el organismo de inteligencia G3 dentro del esquema de la persecución a aquellos “no afines al gobierno de turno”.  Según el informe de la Sala Penal del Tribunal,  “el terrorismo de Estado bajo la dirección de José Miguel Narváez, se concretó en la utilización del poder del Estado para intimidar, para sabotear, para destruir, para generar pánico entre sus objetivos”[5]. 

Narváez fue finalmente  acusado, aunque su caso sigue en curso por las interposiciones de funcionarios tan ejemplares como el exprocurador Alejandro Ordóñez. Pero, lo preocupante es que tuvo tiempo, recursos y apoyo para instruir y capacitar a muchos en las premisas de su ideología.  Son ellos los que continúan el legado de señalar, perseguir, ultimar y  asesinar a líderes sociales y a los defensores de derechos de cualquier tipo.  Son tantos seres a nuestro alrededor a los que se les niegan los derechos: los de los inmigrantes venezolanos (¡qué fastidio verlos en las calles con su prole de hijos!); de los indígenas y campesinos en zonas de cultivos ilícitos (eliminémoslos con glifosato); de los  líderes y lideresas que trabajan por la consolidación del acuerdo de paz (izquierdozos, guerrilleros); de los periodistas en zonas rurales que denuncian a los agentes armados que aterrorizan las poblaciones (aliados de la subversión); de los religiosos que claman por el cese al derramamiento de sangre (vendidos al comunismo). Son estos, los que perpetúan el terrorismo sistemático que mantiene el Estado, porque al fin y al cabo son los mismos que lo instauraron,  que lo continuaron y que siguen manteniéndolo en el poder.

Referencias

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[1] “Las confesiones de Don Berna”. El Espectador. Sept 7, 2015. https://www.elespectador.com/noticias/judicial/confesiones-de-don-berna-articulo-584537

[2] Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, “Nueva condena contra Narváez es un retroceso para la verdad sobre el asesinato de Jaime Garzón.” Julio 26, 2019.  https://www.colectivodeabogados.org/?Nueva-condena-contra-Narvaez-es-un-retroceso-para-la-verdad-sobre-el-asesinato

[3] Revista Semana. Narváez: “Lo que había en la mente del asesino de Garzón”.  Agosto 13, 2019. https://www.semana.com/nacion/multimedia/crimen-de-jaime-garzon-narvaez-lo-que-habia-en-la-mente-del-asesino/579625

[4] Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, “Nueva condena contra Narváez es un retroceso para la verdad sobre el asesinato de Jaime Garzón.” Julio 26, 2019. ghttps://www.colectivodeabogados.org/?Nueva-condena-contra-Narvaez-es-un-retroceso-para-la-verdad-sobre-el-asesinato

[5] http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/das364.html

El retorno de los falsos positivos

Por Elvira Sánchez-Blake

Hace aproximadamente diez años comenzaron a surgir rumores sobre ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército colombiano. Se ha comprobado que más de 2,500 jóvenes inocentes fueron eliminados y reportados como guerrilleros muertos en combate. Esta práctica conocida como falsos positivos pagaba incentivos y otorgaba estímulos como promociones y ascensos  a los militares por presentar resultados en la lucha contra la subversión. Actualmente se reconoce como una de las acciones más funestas de la administración de la época con secuelas lamentables en la sociedad. Las investigaciones en contra de los oficiales implicados han dado cuenta de los horrores cometidos. Aunque se han procesado a algunos oficiales, la gran mayoría de los implicados, especialmente los altos mandos que ordenaron las ejecuciones, permanecen en la impunidad.

Resulta increíble pensar que estas ejecuciones están retornando al escenario colombiano por el mismo Ejército, con la misma impunidad y amparadas por el actual gobierno, que no es más que una continuidad del mismo que fungió en la primera década del dos mil. Esta información fue difundida primero por el New York Times el 18 de mayo pasado. La denuncia realizada por el reportero Nicholas Casey en un diario de la magnitud de NYT provocó escándalo y controversia. Por supuesto, el gobierno y sus aliados (Ma. Fernanda Cabal con su acusación en contra del reportero del NYT, a quien acusó de recibir pago de las FARC), y los militares, se rasgaron las vestiduras en defensa de la democracia y de la integridad de las instituciones. El reportaje también generó turbulencia en los medios, especialmente en la Revista Semana con el despido del columnista Daniel Coronell, por haber revelado el mal manejo de la revista con respecto a esta información. Felizmente, Coronell fue reincorporado y la revista publicó un extenso reportaje que tituló "Operación Silencio" con toda la información relativa al caso en su edición del 23 de junio pasado.

Lo que Semana reveló resulta muy preocupante: la existencia de directrices por parte de la alta cúpula militar para duplicar resultados de bajas de subversivos.  Dichas órdenes habrían sido emitidas por el Comandante del Ejército, general Nicacio Martínez.  Al ser interrogado por la Revista Semana, este último se revistió de dignidad y furor patriótico para replicar  que todas las acusaciones emitidas son calumnias. Llama la atención que el vocablo más repetido en todas sus respuestas fue falso, falso, y falso. Suena tan falso como los falsos positivos que no tienen nada de falso ni de positivo y en cambio, mucho de cierto  y de negativo. Incluso, se atrevió a argumentar que “el Código Penal no contempla dentro de sus delitos penales alguno denominado como ejecución extrajudicial o falso positivo”.  No quedó claro si esta era una justificación para demostrar que las ejecuciones de este tipo no son un delito.

Las declaraciones de Martínez recuerdan las réplicas de autoridades castrenses desde el siglo pasado empeñadas en negar la realidad visible: “en este pueblo no ha pasado nada, ni está pasando nada, ni pasará nunca. Este es un pueblo feliz”.  Pareciera una línea sacada del realismo mágico, o quizás lo es, porque lo que reproduce la literatura es un espejo de la realidad. En todo caso las respuestas de este ilustre oficial fueron tan insulsas y mostraron tal desfachatez que no merecen sino escarnio y repudio total.

El retorno de los mal llamados “falsos positivos”, que en realidad son “ciertos negativos” porque niegan el derecho a la vida de manera certera a jóvenes inocentes, coincide con la campaña contra los líderes sociales que ocurre día a día amparados por las autoridades locales, regionales, militares y administrativas  a lo largo y ancho del país. Pese a las denuncias de la ONU, Amnistía Internacional y más recientemente, del director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, sobre pruebas fehacientes de esta persecución, la lista de asesinatos va en más de 300 desde el 2016. Da la impresión de que estas dos acciones se unen bajo el mismo lente. Es decir que los objetivos de masacrar a los líderes sociales y duplicar resultados militares están amparados por los mismos sujetos. ¿Qué tipo de autoridad va a impedir los crímenes de líderes sociales y defensores de derechos humanos si ellos son los mismos que aparecen en las listas de los militares?  Vale reconocer que estas informaciones se conocieron gracias a la denuncia de valientes oficiales que se negaron a  cumplir las órdenes y que todavía permiten confiar en la integridad de la institución castrense. Lo deplorable del asunto es que estos oficiales también están siendo  amenazados como lo reveló Semana en la misma edición.

Por fortuna, hay sectores que están haciendo un esfuerzo por defender a los líderes sociales por medio de plantones, comunicados, redes sociales y encuentros, en los que se busca crear conciencia sobre lo que está pasando. En días pasados se celebró un encuentro propiciado por la Comisión de Esclarecimiento de los Líderes Sociales. Gonzalo Sánchez dio a conocer un acertado resumen de las discusiones, en las que destaca los factores que prevalecen en la campaña contra defensores de derechos humanos:

1.     La primera es que esta campaña es de larga duración que trasciende gobiernos. Se trata de una crisis estructural de democracia y de participación. Un déficit de democracia que se expresa en exclusiones y muertes, y que solo se resuelve, arguyeron muchos, con cambios de fondo en las estructuras participativas del Estado.

2.     El segundo es que es un tema inherente al régimen político: la criminalización de la protesta sirvió por décadas para justificar toda forma de arbitrariedad como el hostigamiento judicial o peor aún con el asesinato de simples disidentes.

3.     El tercero, el heterogéneo universo de las víctimas:  líderes sociales, de derechos humanos, ambientalistas, erradicadores de coca y desmovilizados excombatientes. Todo ellos amparado de una palpable tolerancia social, política y a menudo, institucional, de los crímenes[1].

Estos factores ayudan a comprender que estas persecuciones hacen parte de una estrategia sistemática que aqueja al país en sus cimientos. Según Gonzalo Sánchez,  “la criminalidad organizada es el aparato más coercitivo dominante de cada vez más territorios, que por negligencia o convivencia, el aparato estatal, no ha podido o querido desvertebrar.”  Esto explica el retorno de los falsos positivos y el clima de incertidumbre al que estamos abocados de nuevo.  Yo diría que más desafortunado es "la palpable tolerancia social, política e institucional".  Esto se refleja en la ceguera inexcusable de un gran sector de los colombianos que viven en desconocimiento, ignorancia y apatía ante las fuerzas que siguen manteniendo al país en un estado de violencia generalizada y de completa impunidad.

Referencias

Casey,  Nicholas. “Colombian Army’s New Kill Orders Send Chill Down Ranks”. The New York Times. May 18, 2019. https://www.nytimes.com/2019/05/18/world/americas/colombian-army-killings.html

Sánchez, Gonzalo. “Líderes sociales: el vidrio roto de la paz”. Revista Semana. Junio 18, 1019.  https://www.semana.com/opinion/articulo/lideres-sociales-el-vidrio-roto-de-la-paz/620195.

Revista Semana. “Operación silencio”.  Edición, 23 de junio, 2019. https://www.semana.com/nacion/articulo/operacion-silencio-amenazas-y-presiones-sobre-los-militares-que-hablan-de-falsos-positivos-en-la-jep/620661

Vivanco, José Miguel. "Human Rights Watch cuestiona datos sobre baja de crímenes de líderes sociales en Colombia". Sputnik. Junio, 15, 2019.
https://sptnkne.ws/mEsQ

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[1] Sánchez, Gonzalo. “Líderes sociales: el vidrio roto de la paz”. Revista Semana. Junio 18, 1019.